Human Rights Watch (HRW) denunció que en la India, las autoridades están procesando “injustamente” a activistas y a manifestantes amparándose en la Ley de Actividades Ilegales, una reglamentación antiterrorista vigente en el país asiático.
Los casos señalados por el organismo de derechos humanos están relacionados con las protestas de hace dos años contra la Ley de Ciudadanía nacional que generaron una ola de violencia en la que murieron 53 personas. La entonces iniciativa fue rechazada de forma multitudinaria en protestas pacíficas, pero en lugar de perseguir a quienes acosaron y atacaron comercios y viviendas de musulmanes, las autoridades indias apresaron a activistas pacíficos y miembros de la sociedad civil.
En un comunicado, HRW instó a Nueva Delhi a retirar “de inmediato” los cargos basados en motivos políticos y poner en libertad a 18 activistas y otras personas detenidas en casos judiciales similares.
La organización también apuntó que los responsables de los abusos en contra de los manifestantes deben ser procesados adecuadamente, incluidos los partidarios del gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP) que instigaron la violencia y los agentes de policía que no aplicaron la ley de forma imparcial.
“Las autoridades indias han estado persiguiendo a los activistas para acosarlos y detenerlos, en lugar de investigar imparcialmente las acusaciones de que los líderes del BJP incitaron a la violencia y los funcionarios de policía fueron cómplices de los ataques”, afirmó la directora para Asia Meridional de Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly.
“Las autoridades deben procesar a los responsables de la violencia y dejar de utilizar estas investigaciones para silenciar a los críticos del gobierno”, añadió.
Protestas contra una ley “discriminatoria”
La aprobación por parte del gobierno indio de la Ley de Enmienda de la Ciudadanía (CAA) en diciembre de 2019, considerada “discriminatoria” por HRW, provocó semanas de protestas pacíficas en todo el país. Dicha legislación agiliza las solicitudes de asilo de los inmigrantes irregulares no musulmanes procedentes de los países vecinos de mayoría islámica: Afganistán, Bangladesh y Pakistán.
Junto con la posterior iniciativa del gobierno para llevar a cabo un proceso de verificación de la ciudadanía en todo el país a través de un Registro Nacional de Población, y una propuesta de Registro Nacional de Ciudadanos destinado a identificar a los “inmigrantes ilegales”, la CAA entonces generó entre la población el temor de que millones de musulmanes indios pudieran ser despojados de sus derechos de ciudadanía y privados de sus derechos.
Tras el estallido de las protestas pacíficas, varios altos dirigentes del BJP se burlaron de los opositores y algunos llamaron abiertamente a la violencia contra ellos. Por ejemplo, el 23 de febrero de 2020, después de que un dirigente del partido, Kapil Mishra, llamara a dispersar por la fuerza a un grupo de manifestantes en Nueva Delhi, muchos de ellos musulmanes, partidarios del gobierno se reunieron en la urbe y provocaron enfrentamientos.
En las semanas posteriores a la aprobación de la legislación, turbas hindúes, armadas con espadas, palos y botellas llenas de gasolina atacaron a ciudadanos musulmanes en varios barrios del noreste de Delhi, quemando sus casas, tiendas, mezquitas y propiedades. Cuarenta de las 53 personas muertas en la violencia eran de fe islámica; también fallecieron un policía y un funcionario del gobierno, ambos hindúes.
“Las investigaciones policiales sobre los disturbios del 2019 y 2020 se han caracterizado por la parcialidad, los retrasos, la inexactitud, la falta de pruebas adecuadas y la inobservancia de los procedimientos pertinentes”, afirmó HRW en su comunicado.
La policía de Delhi presentó 758 primeros informes -necesarios para iniciar investigaciones penales- sobre los disturbios, pero dos años después las pesquisas están pendientes en más de la mitad de los casos, reveló material presentado por la policía ante el Tribunal Superior de Delhi.
Sólo 92 casos han llegado a juicio. En varios de ellos, los jueces han denunciado a la Policía de Delhi por retrasos en las investigaciones, por no atender las órdenes judiciales o por no comparecer ante el tribunal. Además, respecto a otras de las carpetas, los jueces han dicho que las pesquisas policiales sobre los disturbios fueron “descuidadas”, “insensibles” o “farsantes”.
Fallos en la investigación policial
En septiembre de 2021, un tribunal de Delhi absolvió a tres hombres musulmanes acusados de saquear y cometer actos de vandalismo en una tienda propiedad de un hombre hindú, alegando que las autoridades encargadas de las pesquisas no habían llevado a cabo una investigación adecuada.
El juez Vinod Yadav calificó las indagaciones de insensibles e indolentes y apuntó que lo mismo se podría decir en muchos otros casos relacionados con los disturbios. “Están consumiendo mucho tiempo de este Tribunal por casos como el presente, en el que apenas hay investigación por parte de la Policía”, afirmó. Un mes más tarde, el juez Yadav fue transferido a una corte fuera de la capital por razones no comunicadas.
La Comisión de Minorías de Delhi, de carácter independiente, llevó a cabo una investigación que concluyó que la violencia fue “planificada y dirigida” y que algunos policías participaron activamente en los ataques a los musulmanes.
En un vídeo que se convirtió en el emblema de la parcialidad antimusulmana de la policía durante los disturbios, se ve a varios miembros del cuerpo obligando a cinco hombres musulmanes gravemente heridos y tendidos en la calle a cantar el himno nacional indio para “demostrar su patriotismo”. A continuación, la corporación los detuvo. Uno de los hombres, Faizán, de 23 años, murió de sus heridas dos días después.
Dos años después de las protestas y los disturbios, la investigación en torno a los ataques contra los musulmanes sigue pendiente y los agentes de seguridad responsables de la violencia bajo custodia no han sido procesados ni castigados.
En cambio, la Policía de Delhi ha presentado cargos por motivos políticos contra 18 activistas, estudiantes, políticos de la oposición y ciudadanos de a pie, 16 de ellos musulmanes.
Los casos de la policía se basan en gran medida en varias declaraciones de divulgación, que son sospechosamente similares, y en chats de WhatsApp y mensajes en las redes sociales sobre la organización y el anuncio de protestas pacíficas. La corporación ha presentado lo anterior como prueba de complicidad en una conspiración más amplia para difamar al gobierno indio iniciada por los organizadores de las manifestaciones contra la Ley de Ciudadanía.
Por su parte, las autoridades han presentado cargos basándose en la Ley de (Prevención de) Actividades Ilegales, legislación que regula actos ilícitos, financiamiento del terrorismo y planificación y comisión de actos terroristas.
El gobierno encabezado por el BJP también ha acusado a los organizadores y manifestantes de sedición, asesinato, intento de asesinato, fomento de la enemistad religiosa y daños a la propiedad pública, entre otros delitos.
Todos los perseguidos son críticos con el gobierno del BJP y la ley de ciudadanía. Entre ellos se encuentran miembros de Pinjra Tod, un colectivo autónomo de mujeres estudiantes; United Against Hate, un grupo que trabaja para proteger a las minorías religiosas; y el Comité de Coordinación Jamia, que lideró la protesta estudiantil en la Universidad Jamia Millia Islamia.
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