El relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, reclamó el martes una reforma urgente de la justicia boliviana que, dijo, “está lejos de la gente”, pero evitó referirse a la independencia del Poder Judicial en momentos en que el país vive una abierta confrontación política.
“Si no hubiera cuestionamientos sobre la independencia judicial yo no estaría acá. No quiere decir que haya certezas en todas las acusaciones. He recogido referencias en ese sentido… si existe una situación ahora (de falta de independencia) también existió antes, pero no es una justificación”, dijo en rueda de prensa en un informe preliminar de su visita de siete días al país que cerró con un encuentro con el presidente Luis Arce.
Tras reunirse con instituciones y lideres políticos y víctimas de violaciones de los derechos humanos, el relator dijo que no llegó a buscar “un titular (en la prensa)” sino a “analizar y evaluar la situación de la justicia boliviana en sus diversos aspectos y ayudar a la construcción de una justicia independiente y al alcance de la gente”.
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García-Sayán fue crítico del menor acceso de las mujeres indígenas a la justicia, cuestionó el hacinamiento de las cárceles, el hecho de que más del 60 por ciento de los jueces son transitorios y aludió a recientes escándalos sobre la excarcelación irregular de condenados que han sacudido a la justicia boliviana.
El relator llegó por invitación oficial en momentos en que la oposición acusa al gobierno de Arce de “manipular” a la justicia para alentar una persecución y enjuiciar a los opositores por la crisis política tras las fallidas elecciones de 2019 denunciadas por la OEA de fraudulentas, lo que detonó un estallido social que dejo 37 muertos y forzó la renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo.
Morales es líder del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y ha sido excluido de investigaciones judiciales, lo que es cuestionado por los opositores.
La ex presidente interina que asumió tras la renuncia de Morales, Jeanine Áñez, está en prisión preventiva hace 11 meses y se ha declarado en huelga de hambre para denunciar falta de un debido proceso y un “ilegal” juicio ordinario al que es sometida en lugar de un juicio de responsabilidades que debe ser aprobado por el Legislativo, dominado por el MAS.
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Más de medios centenar de opositores y algunos militares están procesados y en prisión preventiva.
García-Sayán declinó comentar el caso de Áñez. “Lo único que me corresponde hacer es pedir y asegurar que se den todas las garantías judiciales y se respete el derecho a la defensa”, dijo.
La visita de quien fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos despertó poca expectativa entre los líderes opositores.
Edición: Ana Ordaz
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