La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) criticó este miércoles que las autoridades de Texas, Estados Unidos, pretendan investigar los procesos de cambio de sexo en menores de edad como si se trataran de casos de abuso infantil.
"Los jóvenes trans continúan siendo amenazados en Texas por el liderazgo estatal como parte de una campaña de desinformación que daña a los niños", denunció la ONG en un comunicado.
ACLU censuró así las palabras del fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien el pasado viernes afirmó que los tratamientos médicos de transición pueden constituir un delito de abuso infantil, al responder una pregunta de la Cámara de Representantes estatal.
Paxton concluyó que "cualquier persona que realice o facilite estos tratamientos podría estar involucrada en el abuso infantil, ya sean padres o médicos".
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Tras este posicionamiento, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbot, ordenó al Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas (DFPS) investigar estos "procedimientos abusivos", incluidos a los padres que los autoricen.
En una misiva, Abbott subrayó que las leyes en Texas prohíben que los menores se sometan a "una amplia variedad de procedimientos de transición de género", como cirugías, mastectomías, extirpaciones o la administración de hormonas.
ACLU respondió que la opinión del fiscal "no es legalmente vinculante y depende de los tribunales interpretar las leyes", además de que el DFPS "no puede separar a ningún menor de sus padres o tutores sin una orden judicial".
"Ningún tribunal en Texas ni en ningún otro lugar del país ha determinado nunca que la atención de afirmación de género puede considerarse abuso infantil", afirmó.
Además, la ONG consideró que las palabras de Paxton "ignoran el consenso de las principales asociaciones médicas" sobre los procedimientos de transición.
"Los líderes de nuestro estado deben concentrarse en ayudar a nuestros jóvenes en lugar de atacar a los padres y médicos que facilitan a sus hijos la atención médica necesaria", declaró Adri Pérez, encargado de políticas públicas de ACLU en Texas.
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Edición Astrid Sánchez
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