Los fabricantes de armas demandados por México en un tribunal federal en Massachusetts argumentaron que las leyes estadunidenses los protegen de las acusaciones y que no se ha comprobado la violación de ninguna ley en el comercio legal de los armeros en Estados Unidos y por lo tanto solicitan que el juez deseche el caso por falta de mérito.
En sus respuestas tanto individuales como la conjunta a los argumentos legales presentados por México a favor de proceder a juicio, ocho armerías reiteraron su posición de que el caso carece de elementos para fincarse un juicio.
El juez F. Dennis Saylor IV, del tribunal distrital en Massachusetts ahora cuenta con un plazo de 45 días para formular su decisión sobre si el caso procede.
En su respuesta conjunta de 40 cuartillas, los armeros alegan que éste es un caso presentado en un tribunal en Boston por daños ocurridos en México, y que ninguno de los demandados ha cometido alguna violación en el país vecino. “Todos los acusados son empresas estadunidenses que el gobierno mexicano está tratando de responsabilizar por su conducta legal que ocurrió enteramente dentro de Estados Unidos, sobre la teoría de que algunos de sus productos llegaron de contrabando a México por criminales y usadas por otros criminales para cometer delitos allá”.
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Eso, afirman, son actos de terceras partes que no tienen ninguna relación con los fabricantes y su comercio legal en Estados Unidos, y ni están presentes en este caso.
Los demandados también rechazan el argumento de que este caso debe proceder aplicando la ley mexicana en Estados Unidos. “A fin de cuentas, los derechos soberanos de Estados Unidos respecto de regular cómo deben ser fabricadas las armas de fuego y vendidas en este territorio, pesan mucho más que los intereses remotos de México en regular la industria de armas de fuego estadunidense como una manera de mitigar los daños causados por criminales mexicanos en ese país”, afirman.
Una vez más, señalaron que la llamada Ley de Protección del Comercio Legal en Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), la cual otorga amplia inmunidad legal a fabricantes, distribuidores y vendedores de armas, protege de demandas civiles como esta por el uso ilegal de sus productos en Estados Unidos.
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Afirman que el caso no tiene mérito porque al centro de la demanda de justicia está la actividad ilícita de terceros que no tienen ningún vínculo con los demandados. Afirman que “la violencia de los cárteles mexicanos es completamente independiente –ya que los grupos de delincuencia organizada realizarían la misma actividad violenta utilizando cualquiera de los otros millones de armas de fuego disponibles sin relación a la supuesta conducta de los acusados– y, por lo tanto, México no tiene mérito para demandar a los acusados aquí”.
Acusan especulación
Subrayan que es “completamente especulativo decir que las ventas y actividades comerciales supuestamente ilegales de los acusados… causan que los cárteles hagan daño contra el gobierno mexicano”, argumentan que los grupos delincuenciales tienen acceso a millones de armas no fabricadas por los acusados y enfatizan que “la mera existencia de un arma de fuego no causa que cualquiera la use de manera ilegal. Lo que causa daño, es exclusivamente la decisión independiente de usar o no un arma”.
Rechazan el argumento de México de que los fabricantes estadunidenses son los que arman a los cárteles, sino que más bien “una serie de actores criminales equipan a las organizaciones delincuenciales allende la frontera de Estados Unidos con los productos legalmente fabricados y distribuidos por los demandados… Ninguno de los acusados cometió algún acto en México”.
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Por todo eso, establecen que es pura especulación afirmar que “los cárteles cometerían menos violencia sin la conducta alegada de los acusados”. Concluyen que, por lo tanto, “los daños que alega México, con apego a la ley, no se pueden atribuir a los demandados”.
En sus argumentos individuales, comparten la conclusión de que México ha fracasado en cumplir con su obligación de presentar evidencia de que los supuestos daños que ha sufrido como resultado de la violencia criminal en México están relacionados con las ventas legales de armas de fuego por los armeros a distribuidores con licencias federales en Massachusetts, y, en consecuencia, el tribunal debería de desechar el caso.
Ésta es la réplica a la primera respuesta de México sobre los argumentos de los demandados, entregada al tribunal el pasado 31 de enero.
Ahora, los involucrados esperarán la decisión del juez sobre si el caso procede o no.
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México presentó su demanda civil contra empresas fabricantes de armas y un distribuidor en Estados Unidos el 4 de agosto pasado ante el Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador argumenta que los fabricantes deliberadamente facilitan la venta de armas de fuego que finalmente llegan a manos del crimen organizado del otro lado de la frontera y con la demanda están buscando tanto reparaciones económicas por el daño, como compromisos de estas empresas enfrenar el flujo ilícito de armas al asumir mayor responsabilidad en la venta y promoción comercial de sus productos, que nutren la violencia al otro lado de la frontera.
La demanda de México es apoyada ante el tribunal por seis de las principales organizaciones de prevención de la violencia de armas de fuego en el vecino país, los procuradores de 13 entidades y de Washington DC, así como decenas de fiscales distritales alrededor del país, los cuales se sumaron al caso como amigos de la corte.
Las empresas demandadas que entregaron sus respuestas individuales y una colectiva son Smith & Wesson, Glock, Barrett Firearms, Beretta USA, Sturm, Ruger & Co., Colt’s Manufacturing Co., Century International Arms y Witmer Public Safety Group.
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Edición: Ana Ordaz
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