El Senado español aprobó una modificación del código penal que castigará el acoso y la intimidación de los activistas antiaborto a las mujeres que acudan a clínicas para interrumpir voluntariamente su embarazo.
La nueva legislación, impulsada por el Partido Socialista del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya había obtenido el visto bueno del Congreso y entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado.
A partir de entonces, quienes "para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo" acosen a una mujer "mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad" serán castigados con penas de prisión de tres meses a un año o a trabajos comunitarios, según la propuesta enviada por el Congreso.
Con este cambio en el código penal también se arriesgarán a las mismas penas quienes traten de intimidar a los profesionales sanitarios que asisten a estas mujeres.
El aborto fue despenalizado en España en 1985, únicamente por tres causas: violación, riesgo grave para la madre y malformación fetal, pero no fue hasta 2010 cuando se legalizó la interrupción del embarazo sin justificación médica hasta la decimocuarta semana de gestación.
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Pese a ello, las mujeres de este país de fuerte tradición católica siguen encontrando obstáculos porque muchos médicos se niegan a realizar el procedimiento. Además, frente a algunas clínicas conocidas por practicarlos suelen reunirse activistas antiaborto para tratar de persuadir a las mujeres de que no entren.
Estas acciones pueden ir desde rezos, carteles o consignas, hasta interpelaciones directas mostrándoles pequeños fetos de plástico o pidiéndoles que suban a una furgoneta equipada con un ecógrafo.
Un grupo de estos activistas se manifestó este miércoles a las puertas del Senado para protestar contra lo que denuncian que es una criminalización de sus actividades, según la plataforma Derecho a Vivir, que afirmó que seguirá ofreciendo ayuda y oraciones a las mujeres que lo necesiten.
Según un informe realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) en 2018, y que recoge el proyecto de ley, un 89 por ciento de las mujeres que acudieron a abortar en España se habían sentido acosadas y un 66 por ciento amenazadas.
El gobierno progresista de Sánchez prepara también una ley para garantizar que todos los hospitales públicos realicen abortos, además de un cambio en la legislación para que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir un embarazo sin el consentimiento de sus padres, como ocurre en Reino Unido y Francia.
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