Exige España esclarecer el asesinato de Cecilia Monzón

La abogada y defensora de los derechos humanos tenía nacionalidad del país ibérico
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Armando G. Tejeda

El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, exigió tanto al gobierno federal de México como a las autoridades del estado de Puebla para que se esclarezca el asesinato de la abogada y defensora de los derechos humanos Cecilia Monzón, quien también tenía la nacionalidad española. Monzón fue asesinada el pasado sábado por unos presuntos sicarios que la interceptaron cuando iba en su vehículo en la localidad en la que residía, San Pedro Cholula.

Monzón era una destacada activista de los derechos humanos, sobre todo preocupada por la difícil situación de la violencia contra las mujeres en nuestro país, donde precisamente donde desarrolló la mayor parte de su trabajo, tanto como abogada penalista como de su condición de feminista comprometida con la causa de las mujeres.

 

Lee: Cecilia Monzón, la activista de Puebla asesinada a balazos

 

En un comunicado difundido por el ministerio de Asuntos Exteriores de España, cuyo titular es José Manuel Albares, se condena “firmemente el brutal asesinato de la abogada española y defensora de los derechos humanos Cecilia Monzón Pérez perpetrado el sábado 21 de mayo en el municipio de San Pedro Cholula, estado de Puebla”.

Y, además de dar sus condolencias a sus familiares y amigos, el gobierno de España resaltó “la valentía y el compromiso de Cecilia Monzón, quién dedicó su labor a defender y proteger legalmente a las mujeres y a las víctimas de violencia de género, así como a denunciar la violencia social y política de género”.

Y reclama una investigación que depure responsabilidades: “El Gobierno de España reclama el compromiso del estado de Puebla para la apertura de una investigación que esclarezca los hechos e identifique y sancione a los responsables materiales e intelectuales de este vil asesinato, con el fin de evitar que permanezca impune. Al mismo tiempo, el Gobierno de España pide a las autoridades mexicanas competentes, a nivel federal y estatal, a desplegar todos los esfuerzos posibles para proteger efectivamente a las personas defensoras de derechos humanos para que puedan ejercer su labor sin poner en riesgo sus vidas”.

Edición: Emilio Gómez


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