El gobierno de Sri Lanka anunció este martes el fin del estado de emergencia que se impuso en la nación insular hace casi un mes para contener las intensas protestas callejeras que sumergieron al país y sus instituciones en semanas de caos.
El presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, aseguró que no habrá necesidad de una extensión del estado de emergencia impuesto el pasado 18 de julio, ya que el país ha vuelto a la "normalidad", según informó la oficina de prensa presidencial en un comunicado.
Así, de acuerdo con lo previsto, el estado de excepción deberá concluir el próximo 18 de agosto.
La medida, ratificada también por el Parlamento, fue impuesta por Wickremesinghe poco después de que este asumiera la Presidencia en funciones, tras la salida del país del ex mandatario Gotabaya Rajapaksa, obligado a huir de su residencia oficial el pasado 9 de julio por la protesta de miles de manifestantes.
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La decisión de no prolongar la medida llega en medio de fuertes críticas contra el recién formado gobierno de Wickremesinghe por el uso del estado de emergencia como una forma de intimidar y reprimir a los manifestantes antigubernamentales.
Este régimen permite a las fuerzas de seguridad detener personas y registrar propiedades privadas sin intervención judicial.
La mirada internacional sobre los asuntos de derechos humanos en Sri Lanka es de especial importancia para el gobierno esrilanques, que intenta conseguir el apoyo de la comunidad internacional para aliviar la grave crisis económica en la que está sumergida el país y que provocó las protestas.
Un grupo de trabajo de la ONU criticó recientemente al uso “extensivo, prolongado y repetido” del estado de emergencia por parte de las autoridades de Sri Lanka para “reprimir a los manifestantes pacíficos y evitar que expresen sus quejas en medio del colapso económico del país”.
“Hemos planteado nuestra preocupación al Gobierno en varias ocasiones por el mal uso de las medidas de emergencia, pero fue en vano. Condenamos el abuso reciente y continuado de tales medidas para vulnerar el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión”, dijo un grupo de expertos.
Asimismo la organización Human Rights Watch pidió a los socios de Sri Lanka dejar claro que la asistencia económica internacional solo será efectiva si el gobierno respeta los derechos humanos y aborda las causas de la crisis.
En medio de la peor crisis económica de su historia, los esrilanqueses han vivido por meses con cada vez menos recursos, con servicios públicos racionados y luchando por acceder a escasos bienes esenciales como combustible, gas de cocina, leche, algunos alimentos y medicamentos.
Las protestas se hicieron más grandes y ganaron impulso cuando decenas de miles se aglutinaron en un parque de Colombo, próximo al palacio presidencial, bajo el lema "Gota Go Home" exigiendo la renuncia de Rajapaksa.
Las protestas, que fueron mayormente pacíficas, se tornaron violentas el pasado 9 de julio cuando miles de manifestantes superaron la seguridad presidencial y asaltaron la residencia oficial obligando a la huida de Rajapaksa.
La residencia privada de Wickremesinghe, que se desempeñaba como primer ministro en ese momento, también fue asaltada e incendiada por los manifestantes.
En las semanas siguientes, y con la ascensión de Wickremesinghe al poder, las fuerzas de seguridad comenzaron los arrestos y el desalojo de los manifestantes, que finalmente abandonaron la semana pasada la icónica acampada que sirvió de centro para la revuelta.
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