Stella Calloni
La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó la noche del domingo la detención de Brenda Uriarte, novia de Federico André Sapag Montiel, quien el pasado jueves intentó asesinar a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kichner, apuntando a su cabeza, a unos escasos centímetros, con una pistola que gatilló dos veces, sin que saliera el disparo.
Fernández de Kirchner estaba rodeada de decenas de sus seguidores, que todos los días se turnaban para cuidarla ante el pedido de una fiscalía de condenarla a 12 años de prisión y de inhibirla de por vida, en una acusación sin pruebas válidas. Esto produjo un estallido espontáneo, cuando miles salieron a las calles lo que se multiplicó el pasado viernes en una enorme protesta a nivel nacional, que sumó sólo en esta capital a medio millón de manifestantes.
La detención de Brenda Uriarte por agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) surge de la investigación de la fiscalía en la hipótesis de que el agresor no habría actuado sólo. De hecho se constató que la joven de 23 años estuvo la noche del atentado en el mismo lugar del hecho, en la esquina de la casa de la vicepresidenta y se busca a otros posibles cómplices.
Al parecer el celular de Uriarte tiene una cantidad de información muy importante y en un mensaje enviado dijo sentirse orgullosa de lo actuado por su novio “aunque no cumplió con su cometido”. También se investigará a los amigos y varios grupos a los que está ligado el acusado.
Por otra parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández puso a disposición su renuncia, después de aclarar que la Policía Federal envió al juzgado de Capuchetti, el celular de Sapag Montiel, para ser peritado en un sobre lacrado, cumpliendo con todos los protocolos. Es en el juzgado donde se abrió el sobre y al parecer intentó ingresar alguien al aparato que supuestamente se equivocó.
A su vez los investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ratificaron que se recibió del juzgado un sobre abierto llevado por la custodia de Capuchetti y que estaba ya reformateado. Algunos peritos señalaron hoy que pueden rastrearse datos y eso se está tratando de resolver.
En este marco este lunes comenzó a presentarse la defensa de los distintos acusados en la causa de Vialidad, donde sin ninguna validez jurídica la fiscalía pide la condena para la ex mandataria acusándola de ser la cabeza de una asociación ilícita.
El abogado Mariano Fragueiro Frías, defensor del imputado ex presidente de Vialidad en Santa Cruz, Héctor Jesús Garro, para el cual se pidieron tres años de prisión, advirtió que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola violaron la Constitución al mantener la acusación sobre hechos ya juzgados, en un proceso en el que la justicia de esa provincia dictaminó años atrás que no hubo hechos de corrupción ni de cartelización en la obra pública entre 2003 y 2013, como informa la agencia oficial Telam
Fragueiro Frías, inició hoy lunes la ronda de alegatos finales de las defensas en la llamada causa Vialidad, reclamando la absolución de su cliente y apeló al Preámbulo de la Constitución Nacional y pidió "que el odio no gane nuestra sociedad y cualquier manifestación violenta sea absolutamente una excepción en las reglas de nuestra sociedad y nuestra convivencia social", en relación al intento de magnicidio contra la vicepresidenta al insistir que la causa Vialidad "es cosa juzgada" porque ya hubo un expediente en Santa Cruz que evaluó las mismas obras y fue cerrado.
Además se juzgó en los tribunales locales y lo más grave es la interferencia en la Constitución de la provincia de Santa Cruz, generando un daño irreparable al sistema federal. Dijo que su defendido como funcionario local de esa provincia "se regía por la Constitución local".
El acusado presidió Vialidad provincial por seis meses, entre 2005 y 2006 y las obras de ese período por las que fue acusado "están todas en el presupuesto provincial y el tribunal de cuentas de la provincia intervino y aprobó la inversión de los fondos”.
Después del viernes pasado, cuando hubo cierta calma en los medios de comunicación aliados a la coalición de derecha Cambiemos, entre el sábado y el domingo el ataque regresó al escenario con una violencia más que preocupante. El odio regresó al escenario y la violencia sigue actuando como se vio en estas horas en un ataque contra una sede del Partido Justicialista de La Plata, provincia de buenos Aires. Tratan de instalar que no hubo atentado entre otras operaciones de una abierta “guerra sucia”.
Edición: Laura Espejo
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