Los votantes de Oklahoma rechazaron el martes una pregunta estatal para permitir el uso recreativo de la mariguana, luego de una última ráfaga de oposición de líderes religiosos, fuerzas del orden público y fiscales.
Oklahoma se habría convertido en el estado número 22 en legalizar el uso de cannabis en adultos y se uniría a estados conservadores como Montana y Missouri que han aprobado propuestas similares en los últimos años. Muchos estados conservadores también han rechazado la idea, incluidos Arkansas, Dakota del Norte y Dakota del Sur el año pasado.
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El gobernador republicano Kevin Stitt y muchos de los legisladores republicanos del estado, incluidos casi todos los senadores republicanos, se opusieron a la idea.
El ex gobernador republicano Frank Keating, ex agente del FBI, y Terri White, ex directora del Departamento de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de Oklahoma, encabezaron la campaña del “no”.
Los votantes de Oklahoma ya aprobaron la mariguana medicinal en 2018 en 14 puntos porcentuales y el estado tiene uno de los programas más liberales del país, con más de 2800 dispensarios autorizados y aproximadamente el 10 por ciento de la población adulta del estado que tiene una licencia médica para comprar y consumir cannabis.
En la pregunta sobre la legalización del martes, el lado del “no” gastó más de 20 a 1, y los partidarios de la iniciativa gastaron más de 4.9 millones de dólares, en comparación con alrededor de 219 millones de dólares en contra, según muestran los informes financieros de campaña de último minuto.
La Pregunta estatal 820, resultado de una campaña de recolección de firmas el año pasado, fue el único elemento en la boleta electoral estatal, y los primeros resultados mostraron una fuerte oposición en las áreas rurales.
De aprobarse, la propuesta habría permitido que cualquier persona mayor de 21 años comprara y poseyera hasta una onza de marihuana, además de concentrados y productos con infusión de marihuana. Las ventas recreativas habrían estado sujetas a un impuesto especial del 15 por ciento además del impuesto a las ventas estándar. El impuesto especial se usaría para ayudar a financiar los municipios locales, el sistema judicial, las escuelas públicas, el tratamiento por abuso de sustancias y el fondo de ingresos generales del estado.
Edición: Estefanía Cardeña
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