Los médicos de un hospital en Lima extrajeron el martes dos clavos del cráneo fracturado de una niña de 11 años quien quedó en estado de gravedad tras defenderse de un aparente intento de violación sexual en un remoto pueblo indígena de la Amazonía, un caso que ha conmocionado a Perú.
La Fiscalía dijo que inició una investigación contra uno de los sospechosos, Yeison Lucano, de 25 años, hijo de la actual pareja de la madre de la niña, por el presunto delito de tentativa de feminicidio. Lucano fue capturado el lunes en otro pueblo y un juez ordenó detenerlo de forma preliminar mientras lo interrogan y un médico legista revisa a la menor.
El profesor de la víctima, Juan Rosales, dijo por teléfono a The Associated Press que hallaron a la niña con dos clavos incrustados en el cráneo en una cabaña de la comunidad nativa Menkoriani. En el suelo había un martillo, una bolsa transparente con más clavos y en un rincón del dormitorio había un azadón cubierto de sangre, tapado con una frazada. La menor tenía los pantalones destrozados. “Parecía que un animal salvaje” hubiese atacado a la niña, dijo el profesor.
La directora del Instituto Nacional del Niño, la médico Zulema Tomás informó a la prensa en la capital peruana que la menor fue operada el martes durante cinco horas para retirarle dos clavos de 16 centímetros, uno de los cuales fracturó la calota (parte superior de la bóveda craneal). El riesgo ahora está en evitar una infección cerebral.
La agresión ocurrió el domingo en una cabaña de esa población amazónica, que junto a otras 47 comunidades, tiene como capital al centro poblado Oventeni. El juez de paz Abel Pacheco dijo que Yeison Lucano, el sospechoso, fue visto abandonando el pueblo la madrugada del lunes, cruzando un puente rumbo a Satipo, una ciudad donde más tarde fue capturado. El cargo de juez de paz en Perú no es remunerado y es otorgado a un ciudadano reconocido por sus vecinos, usualmente en zonas rurales.
Como en Oventeni no hay policías, ni fiscales, ni jueces, el juez de paz hizo su llamado para ubicar al sospechoso mediante un video difundido por Facebook y grabado por el profesor de la niña víctima de la agresión, Juan Rosales. El juez de paz y el profesor Rosales fueron el domingo hasta la cabaña donde hallaron a la niña atacada en una cama.
Rosales, con el permiso del juez de paz, grabó con su celular la escena debido a la falta de presencia de las autoridades del sistema de justicia. “Me dio ganas de llorar, pero tenía que grabar para que queden las evidencias”, comentó.
El profesor se quejó de que dos días después de ocurrido el crimen ninguna autoridad había llegado a la cabaña. “No llega ni un policía, ni un fiscal, no se apersona nadie, esta zona está en el olvido de las autoridades, todos rechazan el crimen, pero nadie viene, todo es puras palabras”, reprochó.
La presidente peruana, Dina Boluarte, y el ministro de Justicia, José Tello, condenaron el martes el ataque contra la niña. “Repudiamos el cobarde ataque del que fue víctima la menor de 11 años en su casa”, dijo la mandataria. Tello añadió que, como padre y ministro de Estado, sentía indignación y había dispuesto que "la Defensa Pública contacte a los familiares y asuma el patrocinio legal gratuito para buscar justicia”.
Las declaraciones de la presidenta y el ministro sucedieron a una manifestación el lunes de más de un centenar de escolares de la escuela de la víctima. En videos que el profesor entregó a la AP, se observaba a escolares con carteles que decían “no al salvajismo” y “queremos justicia”. En esa actividad el juez de paz Abel Pacheco se quejó del poco interés mostrado por la Fiscalía de la ciudad de Atalaya, encargada de investigar. “El fiscal me dice, envíe un informe, pero nosotros queremos que venga”, indicó Pacheco.
El profesor dijo a la AP que en la zona, por falta de autoridades del sistema de justicia, “la magnitud de violaciones de derechos humanos es inmensa” y que abunda la impunidad.
La violación sexual de menores en Perú es un problema recurrente. En 2021, hubo mil 699 niñas que quedaron embarazadas entre 12 y 17 años y se convirtieron en madres, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea. Según la legislación penal peruana, la edad de consentimiento sexual es a los 14 años, por lo que todos los embarazos en menores de esa edad son fruto de violación.
Edición: Estefanía Cardeña
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