La máxima corte de Brasil falló este jueves en favor de los pueblos indígenas en un juicio crucial sobre el futuro de sus tierras, la mayoría ubicadas en Amazonía y consideradas una barrera contra la deforestación.
Con el voto de los cuatro últimos jueces, el Supremo Tribunal Federal (STF) rechazó el "marco temporal", una tesis defendida por el poderoso grupo de presión agrícola, que solo reconoce a los indígenas derechos sobre los territorios que ocupaban en 1988, cuando se promulgó la Constitución.
Del total de 11 magistrados, nueve se pronunciaron contra la tesis y dos a favor en este juicio iniciado en agosto de 2021.
La magistrada Carmen Lucia, contraria al marco temporal, señaló que la sociedad brasileña tiene con los indígenas una "deuda impagable".
"No puede haber retrocesos en los derechos reconocidos, incluidos los que se refieren a las tierras ocupadas tradicionalmente", añadió.
El "marco temporal" amenazaba casi un tercio de las más de 700 reservas indígenas existentes en Brasil, según la ONG Instituto Socioambiental.
La homologación garantiza a estos pueblos el derecho de ocupar las tierras en disputa, así como el uso exclusivo de los recursos naturales.
"Punto final"
Como en sesiones anteriores, cientos de indígenas se movilizaron en Brasilia para seguir lo que definieron como "el juicio del siglo".
Los manifestantes, varios con el cuerpo pintado y coloridas coronas de plumas sobre sus cabezas, estallaron en gritos y se pusieron a bailar bajo una gran carpa frente a la sede del STF después de que el juez Luiz Fux decidió a favor de los indígenas, dándoles la mayoría.
"La justicia está del lado de los pueblos indígenas", dijo a la Afp Joenia Wapichana, presidenta de la Funai, ente gubernamental de defensa de las poblaciones originarias.
"Es un día para celebrar el punto final del marco temporal", agregó.
La corte todavía debe decidir si prevé indemnizaciones a propietarios de tierras, que serían transformadas en reservas.
El STF, ente guardián de la Constitución, evaluó en concreto una disputa sobre el territorio Ibirama-Laklano, en Santa Catarina (sur), reivindicado por las etnias Xokleng, Guaraní y Kaigang.
En 2009 una sentencia de primera instancia despojó al territorio su estatus de reserva, con el argumento de que las comunidades no vivían allí en 1988.
"Estoy muy emocionada porque mi abuelo luchó mucho por esto y no está aquí para verlo", dijo Txului Namblá, una joven Xokleng, de 18 años.
Debate en el Congreso
El veredicto del STF debe sentar precedentes en otros casos similares en Brasil.
Las comunidades indígenas rechazaban el marco temporal argumentando que muchos pueblos originarios fueron expulsados a lo largo de la historia de sus territorios ancestrales, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985).
En cambio, la tesis cuenta con el apoyo de representantes del poderoso agronegocio, que consideran ese límite necesario para dar "seguridad jurídica" a los grandes productores rurales.
Los dos magistrados que votaron a favor de esa tesis fueron nombrados por el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), un aliado del agronegocio bajo cuyo gobierno la deforestación tuvo un fuerte repunte.
El resultado del juicio era observado de cerca también por organizaciones ambientalistas.
Numerosos científicos consideran las reservas indígenas, protegidas por el Estado, como barreras contra la deforestación y claves en la lucha contra el calentamiento global.
El fallo del tribunal ocurre mientras el Congreso debate una legislación que validaría un límite temporal a la homologación de tierras. La cámara baja aprobó un proyecto en ese sentido, y una comisión del Senado debe votarlo la semana que viene.
El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, un declarado defensor de las causas indigenistas, ha ordenado hasta ahora la demarcación de ocho nuevas reservas.
Bolsonaro, por su parte, cumplió su promesa de no homologar un "centímetro" de tierra durante su mandato.
La decisión de la corte es una "respuesta muy importante frente al escenario de amenazas y criminalización que vivimos los últimos cuatro años", dijo a la Afp Kleber Karipuna, director ejecutivo de la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
Pero también es un llamamiento al gobierno de Lula para que "avance en la demarcación de tierras indígenas", añadió el dirigente, de 45 años.
Según datos de la Funai, las reservas ocupan 13,75 por ciento del territorio del país.
En Brasil viven cerca de 1,7 millones de indígenas dentro y fuera de reservas, de los 203 millones de habitantes, según el último censo.
Edición: Emilio Gómez
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