El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una amplia reforma de su política migratoria, el Pacto de Migración y Asilo, luego de una delicada negociación de varios años sobre un tema que provocó evidentes divisiones en el bloque.
La controvertida reforma, que refuerza controles fronterizos y establece un sistema de solidaridad entre los países miembros recibió el apoyo de los tres principales grupos del Parlamento, los Socialistas y Demócratas, el Partido Popular Europeo (PPE, derecha) y los centristas de Renovar Europa.
"Hicimos historia", se congratuló en la red X la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, poco después del fin de las votaciones.
"Hemos creado un marco legislativo sólido sobre cómo abordar la migración y el asilo en la Unión Europeo. Han pasado más de diez años en su elaboración. Pero cumplimos nuestra palabra", aseguró la legisladora maltesa.
La reforma
Entre las claves de las nuevas reglas se prevé un examen más rápido de las solicitudes de asilo, también en las fronteras exteriores de la Unión Europea, y medidas para garantizar deportaciones más efectivas frente a los bajos índices actuales. También se mejorará la identificación a la llegada a suelo comunitario y serán obligatorios los controles sanitarios, de seguridad y de vulnerabilidad para los migrantes llegados por rutas irregulares.
La reforma pone fin a cerca de ocho años de diferencias entre los gobiernos respecto a cómo atender al equilibrio entre la "solidaridad" con los países en primera línea, como España e Italia, y la "responsabilidad" que les reclaman a estos otros socios con miedo a los movimientos secundarios.
Finalmente, la solución es un mecanismo de "solidaridad flexible" que obligará a los 27 países de la Unión Europea a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, bien reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas, bien pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace.
El objetivo es trasladar a al menos 30 mil migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20 mil euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.
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Posturas
La reforma ha sido duramente criticada por ONG y organismos de Derechos Humanos que alertan de un "paso atrás" en la protección de los derechos fundamentales de los migrantes vulnerables que llegan a la Unión de manera irregular o en busca de protección.
Amnistía Internacional ha reprobado la postura del Parlamento y ha afirmó que Europa ha perdido una oportunidad de defender de forma incondicional el derecho de las personas a buscar asilo, independientemente de su lugar de procedencia o de cómo hayan llegado al continente.
Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la aprobación de la reforma de la política migratoria del bloque es "un logro enorme para Europa". "Ha sido realmente un día histórico", dijo.
Por su parte, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, dijo que con la reforma la Unión Europea "podrá defender mejor nuestras fronteras exteriores".
También, señaló, podrá defender "a los vulnerables y a los refugiados, devolver rápidamente a aquellos que no son elegibles para quedarse" y al mismo tiempo implementar una "solidaridad obligatoria" entre los Estados del bloque.
Unicef ve posibles peligros para la infancia en el pacto
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió a los Estados miembros de la UE que, al implementar el nuevo pacto migratorio europeo, tengan la vista puesta en los derechos de la infancia, ya que con su redacción actual, “podría poner a los niños en peligro de sufrir violencia y daños”.
En un comunicado publicado este jueves en Madrid, la agencia de la ONU para la protección de la infancia se refirió así a la disposición propuesta en el pacto, aprobado ayer por la Eurocámara, que permite a los países utilizar “un grado proporcionado de coacción” contra niños a la hora de garantizar su conformidad para facilitar datos biométricos durante los controles en frontera.
Para evitar que disminuya el nivel de protección de los derechos de la infancia, Unicef ve necesaria “claridad y transparencia” en la aplicación de algunos extremos del pacto como, por ejemplo, “los criterios según los cuales los niños y niñas no acompañados son considerados un riesgo para la seguridad y, por tanto, sometidos, al procedimiento fronterizo”.
En este contexto, la organización aseguró que trabajará para garantizar que la aplicación del acuerdo europeo tenga en cuenta el interés superior del niño, entre otras cuestiones, para garantizar que las restricciones de movimiento no supongan la detención de menores en centros de migración.
En el caso concreto del gobierno de España, Unicef pidió que garantice que la aplicación del nuevo marco no vulnera “instrumentos jurídicos internacionales de derechos de infancia ni la legislación española” en esta materia.
Y añadió que, para eso, será necesario asegurar “mecanismos muy fuertes de supervisión y rendición de cuentas” y nuevas garantías jurídicas.
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