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Reuters
24/08/2024 | Kabul, Afganistán
Los talibanes afganos codificaron esta semana en una Ley una serie de normas que regulan la moralidad, que van desde exigir a las mujeres que se cubran el rostro y a los hombres que usen barba, hasta prohibir a los conductores de automóviles que escuchen música, informó el ministerio de Justicia.
Las normas, que fueron promovidas de acuerdo con la sharia islámica y serán aplicadas por el ministerio de Moral, se basan en un decreto del líder espiritual supremo de los talibanes Haibatullah Akhundzada.
El Ministerio de Moral, formalmente denominado Ministerio para la Prevención del Vicio y la Propagación de la Virtud, ya ha estado aplicando requisitos morales similares y afirma haber detenido a miles de personas por infracciones.
Las restricciones de los talibanes a las mujeres y a la libertad de expresión han suscitado duras críticas de grupos de defensa de los derechos y de muchos gobiernos extranjeros desde que los antiguos insurgentes retomaron el control de Afganistán en 2021.
Las capitales occidentales, encabezadas por Washington, condicionan el reconocimiento de los talibanes a que den marcha atrás en el tema de los derechos de las mujeres y hasta que abran las escuelas secundarias a las niñas.
Los talibanes afirman que respetan los derechos de la mujer de acuerdo con su interpretación de la ley islámica y las costumbres locales, y que son asuntos internos que deben abordarse localmente.
“Según esta ley, el Ministerio (para la Prevención del Vicio y la Propagación de la Virtud) está obligado a promover el bien y prohibir el mal de acuerdo con la sharia islámica”, declaró la institución en un comunicado.
Las sanciones por infracciones incluyen “consejos, advertencias de castigo divino, amenazas verbales, confiscación de bienes, detención de una hora a tres días en cárceles públicas y cualquier otrocastigo que se considere apropiado”, añadió el Ministerio de Justicia.
En caso de que estas medidas no consiguieran corregir el comportamiento de un individuo, éste sería remitido a los tribunales para que se adopten nuevas medidas.
Edición: Emilio Gómez
