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25/06/2025 | Pekín, China
La fiscalía china admitió, en una inusual declaración, haber registrado casos de tortura y detención ilegal en el sistema judicial, y prometió tomar medidas contundentes contra las prácticas irregulares de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
El opaco sistema de justicia chino ha sido criticado durante mucho tiempo por la desaparición de los acusados, el acoso a los disidentes y por forzar confesiones mediante tortura.
La máxima fiscalía del país, conocida como la Fiscalía Popular Suprema (SPP), señaló una serie de abusos y el presidente chino, Xi Jinping, prometió reducir la corrupción y mejorar la transparencia en el sistema legal.
La SPP anunció el martes la creación de un nuevo departamento de investigación para perseguir a los funcionarios judiciales que "infringen los derechos de los ciudadanos" mediante detenciones ilegales, registros ilegales y tortura para obtener confesiones.
Su creación "refleja la gran importancia (…) otorgada a la protección de la equidad judicial, y una postura clara sobre el castigo severo de la corrupción judicial", dijo la SPP en un comunicado.
China ha negado frecuentemente las acusaciones de tortura que le ha hecho la ONU y organizaciones de derechos humanos, en particular acusaciones de maltrato a disidentes políticos y minorías.
Pero varios casos recientes de maltrato a acusados provocaron una ola de descontento público, pese al estricto control de los medios de comunicación de China.
Varios funcionarios de seguridad pública fueron por ejemplo acusados este mes de torturar hasta la muerte a un sospechoso en 2022, con descargas eléctricas y tubos de plástico.
La ley china establece que la tortura y el uso de la violencia para forzar confesiones son castigados con hasta tres años de prisión, con penas más graves si la tortura causa lesiones o la muerte de la víctima.
Edición: Ana Ordaz
