El gobierno de España anunció el martes que otorgará estatus legal a potencialmente cientos de miles de inmigrantes que viven y trabajan en el país sin autorización, el ejemplo más reciente de cómo el país ha desafiado la tendencia hacia políticas de inmigración cada vez más duras vistas en Estados Unidos y gran parte de Europa.
A lo largo de la historia reciente, en España se han llevado a cabo hasta cuatro regularizaciones masivas de migrantes en situación irregular: la primera bajo la presidencia del socialista Felipe González, la segunda cuando gobernaba el país el derechista José María Aznar y la última, antes de la actual, en el 2005, bajo el mandato del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
La ministra española de Migración, Elma Saiz, anunció la extraordinaria medida tras la reunión semanal del gabinete. Manifestó que su gobierno enmendará las leyes de inmigración existentes mediante un decreto expedito para otorgar a los inmigrantes que viven en España sin autorización la residencia legal hasta por un año, así como el permiso para trabajar.
Los permisos se aplicarán a las personas que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar que han vivido en el país durante al menos cinco meses. También deben demostrar que no tienen antecedentes penales.
A diferencia de otras naciones que han buscado restringir la inmigración y el asilo, muchas de ellas envalentonadas por las políticas del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, España ha tomado la dirección opuesta, y el presidente Pedro Sánchez y sus ministros a menudo han elogiado los beneficios de la inmigración para la economía.
España decidió “no mirar para otro lado”, dijo Saiz a los periodistas durante una conferencia de prensa. El objetivo del gobierno es “dignificar y reconocer a las personas que ya están en nuestro país”, afirmó.
La medida podría beneficiar a unas 500 mil personas que viven en España sin autorización, dijo Saiz. Otros estudios han estimado que hasta 800 mil personas viven en las sombras de la sociedad española. Muchos son inmigrantes latinoamericanos o africanos que trabajan en los sectores agrícola, turístico o de servicios, pilares de la creciente economía de España.
El decreto expedito elude un proyecto de ley similar estancado en el Parlamento. Saiz expresó que espera que los inmigrantes puedan comenzar a solicitar su estatus legal a partir de abril y hasta finales de junio.
La medida sorprendió a muchas personas tras u acuerdo de último minuto entre el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el izquierdista Podemos a cambio del apoyo parlamentario al tambaleante gobierno del presidente Pedro Sánchez.
Irene Montero, legisladora de Podemos en el Parlamento Europeo, que anunció el acuerdo el lunes, dijo que la ofensiva contra los inmigrantes en Estados Unidos era inaceptable.
“En Estados Unidos en este momento hay millones de personas que tienen miedo en sus propias casas por que la policía migratoria de Trump entra en sus casas y se las lleva”, señaló. “Si ellos secuestran niños, si ellos asesinan, si ellos aterrorizan a la gente, nosotras damos papeles”.
La noticia fue bien recibida por cientos de grupos defensores de los migrantes y prominentes asociaciones católicas que hicieron campaña y obtuvieron 700 mil firmas para una iniciativa similar, admitida para debate en el Congreso en 2024, pero que probablemente no obtendrá suficientes votos para ser aprobada.
“Estamos tan poco acostumbradas a este tipo de victorias, y en todo momento la regularización pareció un sueño inalcanzable para nuestras comunidades”, dijo Silvana Cabrera, portavoz del grupo de campaña de migrantes RegularizaciónYa.
En un comunicado, la Conferencia Episcopal Española calificó la medida como “un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo” de España.
Saiz dijo que esperaba un alto volumen de solicitudes y que se dispondrían de recursos para procesarlas de manera fluida y eficiente.
Los partidos de centroderecha y extrema derecha criticaron el anuncio del gobierno.
Alberto Núñez Feijóo, líder del conservador Partido Popular, acusó a Sánchez en las redes sociales de intentar distraer del mortal accidente de tren ocurrido a principios de este mes que dejó 46 muertos. Mientras tanto, Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha y antiinmigración Vox, dijo que Sánchez “odia” a los españoles y pretende “acelerar la invasión”, haciendo eco de una teoría de conspiración racista utilizada a menudo por extremistas de derecha.
La nación ibérica, que vio cómo millones de sus ciudadanos partían durante y después de su guerra civil, ha acogido a millones de personas de Sudamérica y África en los últimos años. La gran mayoría ingresaron al país legalmente.
Saiz dijo que España seguirá siendo un “faro” en la lucha contra la ola global de políticas antiinmigración liderada por la extrema derecha.
“Vamos a poner todo lo que está en nuestras manos para frenarla”, dijo. ” creo que hoy es un gran día para nuestro país”.
Edición: Fernando Sierra
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