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24/02/2026 | San Salvador, El Salvador
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador anunció el lunes su disolución como una entidad legalmente constituida y su transformación en un movimiento regional de activismo tras la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Es la quinta asociación no gubernamental que cierra sus operaciones en El Salvador luego de que en julio de 2025 la principal organización de derechos humanos —Cristosal— anunció que abandonaba el país centroamericano tras denunciar un creciente acoso y amenazas jurídicas por parte del gobierno.
En octubre la Asociación de Periodistas de El Salvador también decidió trasladar su personería jurídica a otro país de la región “para poder continuar defendiendo los derechos de los periodistas, la libertad de expresión y la libertad de prensa” y lo propio hicieron la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) y la Fundación Heinrich Böll.
La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en el Congreso y promovida por Bukele, establece un impuesto del 30% a las organizaciones no gubernamentales y asociaciones sociales sobre los fondos o donaciones que reciban desde el exterior y también impone la creación de un registro en el que deben inscribirse. Además, le da amplias facultades al Registro de Agentes Extranjeros —una nueva oficina que depende del Ministerio de Gobernación— para fijar los requisitos que las asociaciones deben cumplir.
En un comunicado, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto señaló que tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros su trabajo dejó de ser compatible con la estructura de una organización no gubernamental.
A su vez mencionó que en los últimos años se ha agudizado la persecución a periodistas y defensores de derechos humanos. “Estas situaciones nos hicieron conscientes de que los retrocesos democráticos se profundizan y que, sin democracia, nuestras luchas estarían en mayor riesgo”, agregó.
La organización destacó que durante más de dos décadas trabajó en la defensa de mujeres criminalizadas por abortar y que en ese período logró la libertad de 80 mujeres.
La Agrupación aseguró que su objetivo fue visibilizar el impacto de la penalización absoluta del aborto, que, según sostuvo, afecta principalmente a mujeres en situación de pobreza.
Tras la disolución formal como asociación, el colectivo anunció que continuará su trabajo bajo el nombre de La Movimienta Regional por el Derecho al Aborto y las Maternidades Elegidas.
La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que lo practiquen. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos a ocho años de prisión. No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima y las mujeres pueden llegar a ser condenadas a entre 30 a 50 años de prisión.
Edición: Ana Ordaz
