No olvidar a las víctimas del ICE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, pese a los reclamos del gobierno de México por la muerte de 15 connacionales bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Estados Unidos no ha dado respuestas puntuales a cada caso. Tras darse a conocer el fallecimiento de Alejandro Cabrera Clemente, ocurrido el 11 de abril en instalaciones del ICE en Winnfield, Luisiana, la mandataria expuso que instruyó a los cónsules de México en el vecino del norte que realicen visitas diarias a los centros de detención migratoria, muchos de los cuales han sido denunciados como inadecuados e indignos por congresistas demócratas y grupos estadunidenses de derechos humanos.

Tal como expuso la Secretaría de Relaciones Exteriores, “la repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria del ICE, incompatibles con estándares de derechos humanos y de protección de la vida de las personas”. Además, las causas de muerte oficiales divulgadas por la agencia no brindan ninguna tranquilidad a las familias de las víctimas. Por el contrario, tienen toda la apariencia del tipo de versiones inventadas para encubrir episodios de brutalidad policial y negligencia grave por parte del personal carcelario.

Este contexto, hace más apremiante la obligación del Estado mexicano de presionar a sus pares en Washington con el fin de que efectúen investigaciones reales, creíbles, basadas en evidencia científica y orientadas por la búsqueda de la verdad, no por el ánimo de encubrimiento que mueve al trumpismo cada vez que sus fuerzas policiales –degradadas a auténticos grupos paramilitares por mandos irresponsables– atentan contra la vida y la integridad física de ciudadanos y extranjeros. La insistencia de Palacio Nacional ante la Casa Blanca es tanto un deber de justicia para quienes ya murieron a manos de la política racista de Donald Trump y aquellos que se encuentran detenidos de manera ilegal, como la mejor herramienta a disposición de México para disminuir el riesgo de que haya nuevas víctimas: en la medida en que las corporaciones policiales estadunidenses se vean forzadas a rendir cuentas por sus actos, disminuirá la certeza de impunidad que las hace tan violentas.

En suma, cabe esperar que se cumpla el propósito de la cancillería de “utilizar todas las vías legales y diplomáticas disponibles para esta situación”, así como de mantener un “inequívoco compromiso de velar por la protección y la dignidad de todas las personas mexicanas en el exterior, sin importar su situación migratoria”. Es cierto que México no puede obligar al gobierno estadunidense a respetar la legalidad internacional y las propias normas internas que le son de cumplimiento formalmente ineludible, pero la dignidad humana y la enorme deuda que nuestro país tiene con su población migrante imponen al Estado un deber moral de agotar todos los recursos a su alcance en defensa de los connacionales perseguidos por el trumpismo.

Edición: Ana Ordaz