Venezuela también ha restablecido relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que en 2019 rompió vínculos con el gobierno de Maduro y reconoció al entonces jefe de la Asamblea Nacional, un miembro de la oposición, como el líder legítimo del país. Washington ha flexibilizado las sanciones económicas sobre la crucial industria petrolera venezolana y también ha enviado a un encargado de negocios a Caracas.
Pero tal vez eso no sea suficiente para evitar que Maduro y Flores tengan que pagar sus propias facturas legales.
En un escrito judicial presentado el mes pasado, el abogado de Maduro, Barry Pollack, afirmó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que administra las sanciones, cambió de postura respecto de una decisión para permitir que Venezuela pagara sus honorarios legales.
La oficina aprobó el acuerdo el 9 de enero, señaló, pero luego lo revocó sin explicación menos de tres horas después.
En una declaración escrita presentada ante el tribunal, Maduro argumentó que tiene derecho a que el gobierno de Venezuela pague su defensa legal.
Los fiscales respondieron que el gobierno de Estados Unidos autorizó a Maduro y a Flores a usar fondos personales para pagar sus honorarios legales, pero que no les permitiría hacerlo desde un fondo controlado por un gobierno sancionado.
Maduro manifestó en su declaración que no puede costear su defensa. Para calificar para un abogado pagado con dinero de los contribuyentes estadunidenses, tendría que demostrar que es demasiado pobre para pagarlo.
El caso se centra en cargos de narcotráfico
Durante una reunión de gabinete el jueves, el presidente Donald Trump acusó a Maduro de ser un “importante proveedor de drogas que entran a nuestro país”.
Trump declaró que a Maduro se le daría “un juicio justo. Pero me imagino que vienen otros juicios”. No dio detalles, pero sugirió que los cargos actuales que enfrenta Maduro podrían ser “una fracción del tipo de cosas que ha hecho”.
Maduro y Flores fueron detenidos el 3 de enero en una redada en plena madrugada en su casa de Caracas.
Una acusación formal de 25 páginas lo señala a él y a otros de trabajar con cárteles de la droga y miembros de las fuerzas armadas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Tras la salida de Maduro, la vida cotidiana para la mayoría de los venezolanos sigue siendo la misma.
Muchos empleados del sector público ganan apenas unos 160 dólares al mes, mientras que el trabajador promedio del sector privado percibe alrededor de 237 dólares. El año pasado, la tasa anual de inflación se disparó a 475 por ciento, según el Banco Central de Venezuela, lo que deja el costo de los alimentos y otros bienes esenciales fuera del alcance de muchos.
Edición: Ana Ordaz
