Consideran que Ley General contra el Feminicidio es insuficiente sin sensibilización

A pesar de que la aprobación de la Ley General contra el Feminicidio representa una esperanza para la atención de este delito que cobra cientos de vidas de mujeres al año en México, para expertas, activistas y víctimas la legislación no es suficiente sin la sensibilización de las personas encargadas de impartir la justicia y sin acciones efectivas de prevención, porque el objetivo debería ser evitar las muertes y no atender la consumación, aseguran. 

“En tema de leyes, protocolos e iniciativas, no estamos limitados, tenemos una puntual Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, también el protocolo de acción ante un feminicidio está reforzado, la médula espinal aquí es que la ausencia de justicia está en la inoperancia de las leyes, en los casos reales los juicios son los que nos están alejando de la justicia a las mujeres y a las víctimas y no hay una auditoría donde se valide todo lo que dice el papel y se aplique día a día a los procesos reales”, declaró Yeritza Bautista, sobreviviente de intento de feminicidio. 

Yucatán es una de las 27 entidades que aprobó la reforma al artículo 73 constitucional, fracción XXI, inciso A, para emitir una ley general para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio, con la cual se podrá establecer un protocolo y sanciones únicas para todo el país, misma que será publicada en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

Sin embargo, para activistas la aprobación de esta ley general no es suficiente porque, aunque fortalece la investigación y homologa la actuación sobre la atención a un feminicidio consumado, no atiende la impunidad y la prevención de la violencia de género. 

“México cuenta con leyes muy robustas en la materia pero que donde tenemos muchos problemas es en la política pública. La respuesta que le queremos dar a los feminicidios no es pasar una ley sino mejorar la operación y las políticas públicas. El objetivo principal de la estrategia debería ser prevenir futuros feminicidios. Eso ha sido el mayor error en la política pública y en el marco normativo en México. Seguimos atendiendo feminicidios, no atendemos situaciones de riesgo, no atendemos lesiones, no atendemos desapariciones que terminan en feminicidio”, manifestó Maïssa Hubert Chakour es una destacada activista y subdirectora de EQUIS Justicia para las Mujeres. 

En ese sentido, René Ramírez, abogado especialista en acompañamiento de víctimas de violencia de género en Yucatán manifestó que si bien la homologación de la legislación es un gran avance, a nivel local se debe trabajar en el reforzamiento de la actuación de la FGE y principalmente en la sensibilización del personal. 

“Puede que ya contemos con mejores estándares de investigación criminal, pero también hace falta esa sensibilización hacia las familias de las víctimas, hacia las víctimas, hacia los entornos y el entramado de apoyo de la víctima es fundamental. Paralelamente a la preparación técnica, es también relevante el aspecto de sensibilización para el mejoramiento del trato a las usuarias del sistema de procuración de justicia, porque muchas veces no solamente es la deficiencia de la investigación, sino el comportamiento de servidores públicos para con las víctimas… Le corresponde a las fiscalías estatales entrar con nuevo diseño jurídico a mejorar los procesos de investigación a nivel local y sobre todo con investigaciones con perspectiva de género… Esta esta iniciativa abre la discusión obligada a mejorar no solamente la impartición de justicia que se está logrando con esta ley, sino también la procuración, o sea, la investigación de los delitos”, señaló el abogado. 

Al respecto, la diputada Larissa Acosta de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Yucatán, coincide en que las capacitaciones no funcionan si no se erradica la corrupción durante los procesos penales y si las y los funcionarios públicos no accionan con perspectiva de género. 

“La capacitación no sirve de nada si no logramos sensibilizar al funcionario público, o sea, que entiende el problema de raíz, no sirve nada que repita de memoria los manuales y los protocolos si vemos una falta de sensibilización en los funcionarios de las fiscalías si no hay un fiscal que de verdad entienda este problema y que quiera meterse a entender la falta de de compromiso que hay con la perspectiva de género en Yucatán y con la violencia de género que hay”, dijo la legisladora. 

Por otro lado, sus compañeras legisladoras que también forman parte de la Comisión Permanente de Igualdad de Género celebraron la homologación de la ley con la esperanza de que puedan mejorar las condiciones de vida para las mujeres. 

“Esto permite que en todas las entidades podamos sentirnos las mujeres seguras de que contamos con un marco jurídico que que sea eh uniforme en todo el país y que las sanciones eh apliquen como debe de ser. En la medida en que nosotros le demos visibilidad a este tema, vamos a ir generando confianza con las mujeres y que puedan acercarse y puedan denunciar”, declaró Manuela Cocom, del PAN. 

“La aprobación de esta ley requiere un gran esfuerzo de todos los poderes estatales, pero también de la ciudadanía en general. No podemos estar cada uno por su lado. Tanto los jueces y juezas hoy necesitan aplicar la ley y tienen que estar preparados continuamente para esos cambios, para que sepan cómo actuar y principalmente tener esa perspectiva de género al poder aplicar la justicia”, dijo Neyda Pat, de Morena. 

Previo a la implementación de esta Ley General y en sintonía con los avances a nivel federal, el pasado 24 de abril la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la actualización del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio, la cual prioriza la atención a los familiares de las víctimas, a quienes se les considera víctimas indirectas, y capacitación y sensibilización al personal sobre violencia, discriminación e interseccionalidad. 

Esta actualización es el resultado de mesas de trabajo de un comité conformado por personal de la FGE así como de asociaciones no gubernamentales quienes aportaron sus perspectivas para reforzar la atención a este delito. 

Para la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) esta actualización es relevante porque se refuerza el cuidado al debido proceso desde que se abre la carpeta de investigación, se pondera a niñas o niños que quedan en orfandad y obliga a personas peritas y criminalistas a actuar sin juicios y con perspectiva de género. 

“Lo ideal sería que jamás se tuviera que utilizar este protocolo, que nunca a las mujeres se se han asesinado por el hecho de ser mujeres y por ningún otro motivo, pero cuando se tenga que usar vamos a exigir su obligatoriedad, exigir a quien lo lleve a cabo, que lo cumpla cabalmente. Nos toca ser a todas las activistas y desde luego a la Comisión de Derechos Humanos observadoras de que esto se esté llevando a cabo porque ya está en una normatividad, ya es un mandato constitucional, tanto a nivel nacional como desde luego estatal”, advirtió Fabiola García, representante de la Unidad de Género de la Codhey. 

Sobre esta actualización Leticia Murúa Beltrán Aragón, directora de APIS Sureste, quien también formó parte del comité, consideró de suma relevancia generar los estándares de evaluación y supervisión del trabajo del personal a cargo de la investigación y persecución del delito de feminicidio, así como en la atención a víctimas. 

“Es prioritario contar con personal especializado y sensibilizado, por lo que es necesario que se generen procesos de evaluación de la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos, incluyendo la valoración de las víctimas indirectas o directas cuando se refiera a víctimas de tentativa de feminicidio”. 

Además, Murúa Beltrán consideró que a este protocolo se deben sumar estrategias de comunicación para el sector educativo en primarias, secundarias y preparatorias sobre temas como la imposición de roles de género, discursos de odio, discursos misóginos y discursos que sostienen la masculinidad hegemónica.

A pesar de que tanto la Ley General contra el Feminicidio como la actualización del protocolo de actuación frente a este delito representan avances significativos en la atención de la crisis, la tentativa de feminicidio sigue estando invisibilizada, a pesar de que es la antesala al feminicidio consumado. 

“México es un país muy reactivo ya que tiene el problema, ya que tiene la situación encima se crean protocolos, se crean leyes, se crean este métodos de acción, pero no somos un país preventivo en muchos temas, creo que para poder bajar las cifras de feminicidios o las cifras de delitos violentos contra las mujeres, no únicamente de los feminicidios consumados, creo que sin duda debería de haber  sanciones y consecuencias reales en cada acto por mínimo que sea porque justo hablando de las tentativas estamos hablando de mujeres que hemos sobrevivido a un delito a un feminicidio consumado y hablamos de sentencias irrisorias, sentencias mínimas.

“Estos huecos legales dejan en la ausencia de consecuencias reales a los agresores y se vuelve una cadena de impunidad y de delitos recurrentes que sin duda las únicas que siempre salimos perdiendo somos las mujeres, las víctimas, las familias cuando tentativas pues son invisibilizadas, sigue estando relegada la tentativa a pesar de la gravedad que implica y somos nosotras, mujeres organizadas, mujeres sobrevivientes, la sociedad civil somos las que hemos intentado poner sobre la mesa este tema porque existe el delito, la tentativa de feminicidio y en la ley se menciona de manera muy vaga”, manifesta Yeritza. 

Sobre el tema, Maïssa Hubert señala la urgencia de atender estas violencias previas antes de que escalen en un feminicidio consumado. 

“Esta ley también debería poner mayor atención en en el feminicidio en grado de tentativa. Tendría, la estrategia del gobierno tendría que poner atención en todas las violencias que son constituyen la antesala eh de esos feminicidios. Tentativa de feminicidio, lesiones, amenazas, acoso, todo esto, porque los feminicidios no ocurren en el vacío, vienen de situaciones de riesgo, desaparición o de otros delitos o fenómenos que no se están atendiendo de manera oportuna”. 

Las personas entrevistadas coinciden en que la Ley General en contra del Feminicidio es un avance histórico que sólo será efectivo si se atienden todos los flancos desde la educación, la prevención, la capacitación, la sensibilización y la generación de iniciativas alternas para atender huecos legales, como la atención a la tentativa de feminicidio.