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La Jornada
24/07/2026 | Washington, Estados Unidos
Jim Cason y David Brooks
El gobierno del presidente Donald Trump arrestó a un número récord de inmigrantes en junio pasado y todo apunta a que esa cifra será superada al cierre de julio. Esta situación ha estado acompañada por un aumento en las muertes de personas detenidas o perseguidas por agentes federales, más denuncias por violaciones a los derechos civiles y un esfuerzo sistemático por criminalizar las protestas pacíficas contra las medidas dirigidas hacia los extranjeros.
Los agentes federales arrestaron a 43 mil 138 inmigrantes en junio y el número de personas recluidas en centros de detención aumentó a 65 mil 765, de acuerdo con datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dados a conocer al cierre de ese mes. En total, el gobierno de Trump reporta que ha deportado a casi 600 mil personas desde el inicio de su administración, en enero de 2025.
“La tasa diaria de arrestos del ICE en junio fue de más de mil 300. Se trata del total mensual más alto de la actual administración, pero en julio esa cifra aumentó a un récord de mil 474 detenciones diarias durante los primeros 11 días del mes, en los lugares donde existen registros disponibles”, explicó Austin Kocher, geógrafo de la Universidad de Syracuse especializado en el sistema migratorio.
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha presionado para que el ICE alcance una meta de 2 mil arrestos diarios, objetivo que hasta ahora no se ha conseguido.
Mayor presupuesto impulsa el aumento de arrestos
El incremento en las detenciones de inmigrantes es resultado de un mayor presupuesto destinado al control migratorio, que incluye la contratación de más personal. A ello se suma un cambio en la estrategia, al pasar de las redadas masivas y el despliegue de agentes federales e incluso tropas en las ciudades a un modelo basado en el uso de bases de datos para localizar a inmigrantes indocumentados, impedir la prolongación de procesos judiciales y ampliar los operativos en zonas rurales y comunidades donde la policía local coopera con las autoridades federales, a diferencia de lo que ocurre en algunas de las principales ciudades del país, entre otras tácticas.
Las muertes de inmigrantes tanto en enfrentamientos con agentes del ICE en Texas, Maine y Florida, como en casos ocurridos anteriormente en centros de detención, son ejemplos de la creciente letalidad de estas políticas migratorias, denuncian legisladores y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Al menos 23 personas han recibido disparos de agentes migratorios desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, de las cuales seis fallecieron. Además, Human Rights Watch reporta que por lo menos 52 inmigrantes han muerto en centros de detención del ICE.
“Las muertes relacionadas con el ICE que hemos visto en las últimas semanas son desgarradoras e inaceptables. Reflejan un patrón de abuso, desinformación y una absoluta falta de rendición de cuentas que durante demasiado tiempo ha puesto vidas en riesgo”, acusó la diputada demócrata por Arizona, Adelita Grijalva, durante una conferencia de prensa esta semana.
“Los agentes del ICE asesinan personas en las calles, separan familias, secuestran a nuestros vecinos y los encierran en jaulas. Esa agencia tiene que ser abolida, punto final”, afirmó la congresista demócrata por Michigan, Rashida Tlaib.
Las muertes de inmigrantes a manos de agentes del ICE han detonado protestas, movilizaciones y manifestaciones de repudio en distintas partes de Estados Unidos. Esta situación llevó incluso al Departamento de Seguridad Interna a ordenar la suspensión de operativos destinados a detener vehículos sospechosos de transportar inmigrantes indocumentados; sin embargo, el presidente Trump revirtió de inmediato esa decisión.
Por otro lado, el Departamento de Seguridad Interna notificó este mes a diversos empleadores que deberán despedir a cientos de miles de trabajadores que hasta ahora laboraban legalmente bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio otorgado a inmigrantes procedentes de países considerados inseguros, entre ellos Haití, Etiopía y Myanmar.
No obstante, esa medida fue aplazada tras las protestas de organizaciones empresariales que dependen de esa mano de obra. Incluso, por primera vez, el gobierno ha sostenido reuniones con inversionistas para analizar alternativas respecto a estos trabajadores. De hecho, ya se reportan indicios de una crisis en hospitales, centros de atención para adultos mayores y en el sector agrícola como consecuencia de estas medidas migratorias.
Al mismo tiempo, los esfuerzos del gobierno de Trump por criminalizar a manifestantes y activistas que protestan contra los arrestos, las condiciones de detención y el uso de la fuerza, incluso letal, también enfrentan el rechazo de jueces, gobiernos locales y organizaciones defensoras de los derechos civiles.
El gobierno de Trump ha presentado formalmente cargos contra más de 550 personas por presuntamente agredir a agentes federales o impedir el desarrollo de sus funciones. Sin embargo, de unos 400 casos concluidos e investigados por The New York Times, casi la mitad no prosperó.
“Jurados absolvieron a acusados, jueces desecharon los cargos o los fiscales retiraron las acusaciones”, reportó el diario.
Gobiernos locales buscan frenar los abusos
Mientras tanto, ciudades como Nueva York y Chicago han reforzado medidas para proteger a sus residentes y limitar la actuación de los agentes federales, prohibiendo el uso de instalaciones municipales para sus operaciones e impulsando campañas para informar a las comunidades migrantes sobre sus derechos.
En Mineápolis, donde en enero ocurrieron dos asesinatos de manifestantes, las autoridades locales lograron finalmente que el Departamento de Justicia entregara pruebas y evidencias relacionadas con esos hechos, información que anteriormente se había negado a compartir.
Políticos, organizaciones comunitarias y de defensa de los inmigrantes, así como sindicatos y otros grupos, sostienen que el gobierno federal continúa violando derechos civiles y haciendo un uso excesivo de la fuerza al aplicar su política migratoria.
“Las agencias de seguridad pública de Estados Unidos han empleado fuerza excesiva y armas de control de multitudes de manera peligrosa contra manifestantes que rechazan la escalada del control migratorio”, denunció la organización Physicians for Human Rights al presentar este mes un informe sobre su investigación.
Por su parte, la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU) documentó, en un informe elaborado en ocho estados, 413 incidentes de presunta conducta indebida por parte de agentes migratorios, acciones contra 214 menores de edad y 150 casos en los que, aseguró, se vulneró el derecho constitucional a la libertad de expresión.
“El Congreso debe desmantelar la maquinaria de deportación y construir un nuevo sistema que mantenga unidas a las familias, fortalezca a las comunidades y garantice que ninguna agencia pueda violar nuestros derechos con impunidad”, concluyó la ACLU.
Este miércoles, Voto Latino y otras 50 organizaciones sociales, entre ellas agrupaciones empresariales y religiosas, enviaron una carta al liderazgo del Congreso para exigir que se inicie un proceso de destitución contra el secretario del Departamento de Seguridad Interna Markwayne Mullin, al responsabilizar a esa dependencia por el uso de fuerza letal por parte de agentes del ICE y otros presuntos abusos cometidos por personal federal bajo su mando.
Edición: Emilio Gómez
