Armando G. Tejeda
La acampada de la Puerta del Sol, que inició el pasado 26 de septiembre para denunciar el encarecimiento de la vivienda y los desahucios de personas vulnerables, fue desmantelada durante esta madrugada en un operativo en el que participaron más de 400 agentes policiales, en cumplimiento a la orden girada por la delegación del gobierno en Madrid, que depende del ministerio del Interior español, presidido por el socialista, Fernando Grande-Marlaska.
Los manifestantes denunciaron en sus redes sociales que durante el desalojo y destrucción del asentamiento hubo “violencia policial” y se utilizó “gas pimienta”. Se informó de dos detenidos, acusados de resistencia a la autoridad.
Centenares de personas, la mayoría jóvenes vinculados al Sindicato de Inquilinas y a plataformas contra los desahucios, iniciaron una acampada en la Puerta del Sol a finales de septiembre pasado, en protesta por el violento desalojo de su casa de Maricarmen Abascal, una anciana de 83 años que un juez decidió lanzarla de la que había sido vivienda durante 70 años y donde vivía en régimen de alquiler.
Maricarmen, como se conocía popularmente, fue expulsada de su vivienda en una camilla de ambulancia, que la trasladó con un cuadro de estrés y ansiedad al hospital madrileño Gregoria Marañón. Y ahí estuvo ingresada hasta su muerte, el 7 de octubre, once días después de su desahucio y sin que pudiera haber cumplido su sueño de terminar sus días en su casa.
A partir de su fallecimiento, el movimiento ciudadano contra la especulación en la vivienda, los fondos buitre y los desahucios se intensificó en todo el país, con acampadas en otras ciudades, como Barcelona, Valencia o Sevilla, entre otras, y con manifestaciones de protesta a las puertas del Congreso de los Diputados.
El asentamiento de la Puerta del Sol se convirtió en el símbolo de la movilización, desde donde reclamaron una huelga general, que se celebrará el próximo 11 de noviembre, con reivindicaciones específicas: la reducción de los alquiles en un 50 por ciento del valor actual, la expulsión del mercado inmobiliario a “los fondos buitres” y la paralización de cualquier desahucio de personas vulnerables.
En los últimos días, la acampada de la Puerta del Sol se fue desmantelando, de hecho los primeros en decidir levantar sus casas de campaña fueron los representantes del Sindicato de Inquilinas, que explicaron en su interés de dedicar todas sus energías en organizar la huelga general. Pero en el pequeño asentamiento de la plaza todavía había más de 300 personas, muchos de ellos personas sin hogar que se habían sumado a la protesta.
El desmantelamiento de la acampada se ordenó desde el ministerio del Interior español, en un operativo en el que participaron 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal de Madrid, además de unidades del Cuerpo de Bomberos, de los servicios de asistencia sanitaria de emergencia, de los Servicios Sociales y la unidad de limpieza municipal. En total se desmontaron 150 casas de campaña que estaban todavía desplegadas y abundantes residuos y utensilios que utilizaban habitualmente en la acampada, como platos, ollas, cubiertos, mantas, mesas y sillas, entre otras cosas.
Desde la cuenta oficial de los acampados en la Puerta del Sol se denuncio que se haya llevado a cabo un “desalojo de madrugada mediante una intervención policial violenta en el que hubo golpes y del uso de gas pimienta”. Además denunciaron la detención de dos personas, que fueron acusadas del delito de resistencia a la autoridad.
La respuesta de la delegación del Gobierno, presidida por Pilar Trinidad, fue a través de un comunicado en el que advirtieron que “el desalojo se ha desarrollado sin violencia” y que durante este tiempo “se protegió en un primer momento el derecho fundamental de reunión al concurrir una finalidad reivindicativa común. Sin embargo, dicho derecho no es ilimitado y tras más de un mes de protestas, se ha constatado un cambio en las circunstancias y naturaleza de la acampada”.
Por su parte, incapaz de lograr que el Parlamento apruebe dos proyectos de ley destinados a enfrentar este problema, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones legislativas anticipadas para el 29 de noviembre.
