Afp, ap, dpa y notimex
Foto: Archivo / La Jornada
La Jornada Maya

Washington, Estados Unidos
Sábado 24 de septiembre, 2016

La presión ejercida por Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) contra el presidente Nicolás Maduro incrementó luego que el secretario general del organismo regional, Luis Almagro, cuestionó a las autoridades electorales venezolanas por dar a conocer un cronograma en el que truncan la posibilidad de realizar este año el referendo revocatorio del mandatario.

En un comunicado, Almagro acusó este viernes al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de obstaculizar un derecho constitucional y de actuar con un claro sesgo político.

El CNE determinó el miércoles pasado que la recolección de 4 millones de firmas (20 por ciento del padrón electoral), necesarias para llamar a la consulta, será del 26 al 28 de octubre, e indicó que el referendo podría efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017.

Si el referendo se realiza después del 10 de enero de 2017 y Maduro pierde, el mandato lo concluirá su vicepresidente, que actualmente es Aristóbulo Istúriz. Si se realiza antes y lo pierde, entonces debe convocar a elecciones.

Para Almagro, las fechas anunciadas constituyen una maniobra más para dilatar el proceso e impedir que el referéndum revocatorio se haga realidad este año.

En Nueva York, el subsecretario adjunto para Latinoamérica del Departamento de Estado, Francisco Palmieri, dijo a los medios de comunicación que las protestas pacíficas anunciadas por la oposición son la forma en que sociedades democráticas deben responder al tipo de deficiencias que vemos en el país.

La canciller Delcy Rodríguez, quien se encuentra en Nueva York en la Asamblea General de la ONU, calificó este viernes las acciones de intromisión inaceptable de Estados Unidos y rechazó la declaración del miércoles emitida por el portavoz de la diplomacia, John Kirby, quien expresó su preocupación por el pronunciamiento del (CNE), donde anunció que el referendo no se realizará este año. La canciller exigió además al gobierno estadounidense respeto y apego absoluto al derecho internacional.


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