Lograron un acuerdo

Texto y Foto: Notimex
La Jornada Maya

Bogotá
Martes 16 de agosto, 2016

El acuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en materia de víctimas y de justicia transicional, garantiza la amnistía a los rebeldes que no estén acusados de delitos graves o de lesa humanidad.

“Los acuerdos con las FARC son muy robustos, muy completos y complejos en el mejor de los sentidos”, aseguró a Notimex el director de la división de Acuerdos de la Verdad del estatal Centro Nacional de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga.

El experto en derecho internacional humanitario señaló que la agenda de negociación recoge propuestas muy específicas y en particular lo relacionado con el punto de las víctimas del conflicto armado que, de acuerdo con registro oficiales, sumarían unas 7.5 millones de personas.

En lo relativo a las “víctimas -sin exageración- son ocho acuerdos distintos y todos ellos suman y es posible que sin haber sido algo preconcebido de las partes se fue dimensionando y se fue haciendo muy complejo”, comentó.

Un primer convenio sobre víctimas “tiene 10 ítems (puntos), que tienen que ver con los principios de cumplimiento de los derechos de las víctimas de la no impunidad y compromiso de garantía de las partes y no repetición”.

“Cada uno de estos 10 principios que tiene el conjunto del acuerdo están dentro de los estándares internacionales más recientes. Este primer elemento denota que en un sentido muy fino están a la luz de lo que está demandando hoy en día el derecho internacional, los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, explicó.

Reiteró que las partes en La Habana, sede de las pláticas, lograron un acuerdo que es “coherente con el reconocimiento contemporáneo de los derechos de las víctimas (…) y no es solo retórica, sino que da base a lo que se ha denominado el sistema integral entre todos estos ocho acuerdos y en general de todos los acuerdos”.

Villarraga destacó “el tema de justicia que es un asunto complejo y creo que superó la expectativas porque crea una nueva dirección, crea un tribunal, unas salas de audiencia, unas dinámicas con todo un montaje de fiscales, jueces especializados en esta figura de tipo transicional”.

Las interpretaciones que están siendo a este punto de justicia transicional son “de gran interés en todo el mundo en el ámbito jurídico, político y en todo lo que se ha denominado ahora justicia de transición a justicia transicional”.

Las partes lograron “construir una figura muy modulada en distintas circunstancias a tono con lo que se viene predicando ahora en el derecho internacional. El acento se pone en los temas de esclarecimiento y verdad, en reparación de las víctimas a todo nivel, desde reparación material hasta reparación simbólica”.

Agregó que el lugar central del acuerdo en justicia transicional, el eje central no son “los niveles y la proporcionalidad de las penas pero se imponen temas a distintos aspectos. Esto fue un ejercicio muy difícil y muy valioso”.

“Pongo dos ejemplos para ver como las partes se fueron moviendo para todo este diseño tan complejo. Las FARC empezaron diciendo ‘no vamos ninguno de nosotros ni un día de cárcel' y terminan aceptando un marco legal en el que graves delitos van a tener sanciones penales”, refirió.

Por su parte el “gobierno empieza diciendo ‘no voy a aceptar una amnistía para los guerrilleros. Todos van a tener sanciones penales'. Las miradas de las FARC y del gobierno son superadas y se consiguen en el mejor de los sentidos un acuerdo a tono con el Derecho Internacional Humanitario vigente”.

“Las amnistías, como figura jurídica de solución de las guerras, mantienen vigencia y se van a aplicar. La mayoría de guerrilleras y guerrilleros” se van a beneficiar de la amnistía, aseveró el experto.

Para Villarraga, es una figura “que simbólicamente es favorable a la guerrilla en el sentido que recupera el concepto de delito político, recupera el delito de rebeldía y lo reconoce como tal y les ofrece amnistía”.

Pero a la vez “es una amnistía que está relacionada con condicionamiento de aporte a la memoria histórica y reparación de las víctimas”.

“Vemos también que los graves delitos resultan sancionados como justicia transicional y con penas muy bajas, solo cinco a ocho años. Entre otras igual a la que se impuso también en otra justicia transicional a los paramilitares que fue de cinco a ocho años”, enfatizó.

Las penas de cinco a ocho años que se impusieron a los ultraderechistas grupos paramilitares fueron acordadas en las negociaciones que ocurrieron durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) con las Autodefensas Unidas de Colombia.

Villarraga admitió que es una “pena baja, pero es el sentido y enfoque de la justicia transicional. Sin ofrecer garantías penales, rebajar los niveles máximos de penas, rebajar ciertas exigencias y rigurosidades penales en aras de exaltar compromisos con los derechos de las víctimas”.

“Quien reveló todo y contribuya con la reparación de las víctimas -dijo- va a tener no pena carcelaria, sino una limitación del derecho a la libertad. Pero quien lo hizo parcialmente o tardíamente o con incongruencia va a tener pena en cárcel”.

Pero quien “fue incoherente o no quiso revelar la verdad, ni contribuir con la reparación de víctimas va a tener pena en cárcel común durante 20 años”. En ese sentido “es totalmente absurdo, superficial y falso el argumento empleado de sectores opositores de decir que fue un acuerdo de impunidad”.