Stella Escaloni
Foto: Afp
La Jornada Maya

Buenos Aires
Jueves 11 de agosto, 2016

En un escenario de movilizaciones antigubernamentales, el presidente Mauricio Macri dijo este miércoles que no tiene idea del número de desaparecidos durante la pasada dictadura militar, si fueron nueve mil, o 30 mil, creo que es una discusión que no tiene sentido, además de calificar de desquiciada a Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Durante una entrevista con el portal BuzzFeed, transmitida vía Facebook, el mandatario señaló: no tengo idea si son los que están anotados en el muro (del parque de la Memoria) o muchos más, y mencionó como guerra sucia el terrorismo de Estado impuesto por la dictadura militar más cruenta de este país (1976-1983).

Días después de que un juez intentó detener a Hebe de Bonafini a la misma hora en que ésta realizaba su marcha de todos los jueves, lo que provocó una respuesta popular de diversos sectores y un escándalo político, que hasta ahora continúa, Macri aseguró que la dirigente está involucrada en hechos de corrupción graves, pero se ve que ella lo interpreta de otra manera.

Se refería a una causa en la cual De Bonafini fue querellante por el uso indebido que hizo la persona designada para manejar la construcción de viviendas en el programa Sueños Compartidos. Pero lo más grave fue una frase que hoy recorre todos los espacios informativos, cuando dijo: para mí está desquiciada y fuera de lugar desde hace varios años.

Estas declaraciones son analizadas como la verdadera posición que tiene el mandatario, cuyo gobierno ha desmantelado gran cantidad de programas de derechos humanos, que tiene en sus filas funcionarios ligados a represores e incluso defensores de los dictadores del pasado.

Todo lo que tenga que ver con saber la verdad, con saber lo que ocurrió en el pasado, es prioridad, pero también lo es trabajar en los derechos humanos del siglo XXI, que son la educación, el desarrollo, lo que necesita la gente para ser feliz, este es lo que realmente trata de imponer.

El rechazo a sus palabras es generalizado, pero lo grave es que lo dijo en un día en que hubo una movilización de miles de organizaciones en la ciudad de La Plata contra el intento de enviar a prisión domiciliaria a uno de los mayores responsables de crímenes de lesa humanidad, condenado a cadena perpetua, el ex comisario Miguel Etchecoltaz, quien incluso está señalado por amenazar y perseguir desde la cárcel a testigos y sobrevivientes. La marcha de este miércoles fue masiva.

En esta capital se vivió un día de extrema tensión. Tras el fracaso de la sesión especial convocada por la mayoría de los bloques de la oposición para debatir 81 proyectos de diversos sectores para suspender el impagable aumento de las tarifas de servicios públicos, el oficialismo impidió citar a comparecer al ministro de Energía, Juan José Aranguren, algo que habían solicitado legisladores del Frente Renovador (FR) y el Frente para la Victoria (FpV), y redujo su presentación para informar ante un plenario de comisiones.

El pedido para citar al ministro fracasó cuando se sometió a votación un proyecto de resolución presentado por Graciela Camaño, del FR, para interpelar al ministro Aranguren. En este caso, los opositores debían reunir los dos tercios de votos de los presentes.

A sabiendas de la presión del gobierno sobre los gobernadores opositores a los que debe enviar un dinero de la coparticipación, clave para las provincias, y mediante otro tipo de arreglos, que en realidad conforman un modelo de corrupción en el Congreso, los legisladores del FpV y del FR se retiraron, porque si se perdía en esa votación ya no podía continuar la iniciativa presentada por la oposición.

Esto ha resultado en otro golpe a las esperanzas de una sociedad que vive en la incertidumbre absoluta, porque no puede pagar los aumentos, y es amenazada con cortes de luz y gas por las empresas.

La situación social se agrava y esto se vio en las calles alrededor del Congreso, donde centenares de miles se reunieron para esperar los resultados de la sesión especial. Dirigentes sindicales, incluso de la Confederación General del Trabajo, advierten que cada paso del gobierno lleva al paro general y al enfrentamiento.


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