Texto y foto: Notimex
La Jornada Maya

Buenos Aires, Argentina
Martes 30 de octubre, 2018

Autoridades argentinas comenzaron hoy aquí el juicio en el que se investigará el lavado de 60 millones de dólares del que se acusa a Lázaro Báez, un empresario que se enriqueció al amparo de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015).

La jornada se desarrolló en medio de una fuerte expectativa, ya que este juicio derivará en otro en el que se acusará de manera directa a la expresidente de haber liderado una asociación ilícita para el cobro de sobornos que los Kirchner presuntamente lavaban a través de sus empresas inmobiliarias y hoteleras.

Báez fue amigo personal de Néstor Kirchner y pasó de ser un modesto empleado bancario a principios de este siglo, a amasar una fortuna superior a los 200 millones de dólares durante los tres gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Ya con Kirchner en el gobierno, Báez fundó empresas que obtuvieron numerosos y millonarios contratos de obra pública que lo enriquecieron, pero la justicia sospecha que, para obtener dichas licitaciones, les pagaba sobornos a los expresidentes.

La causa, que fue llevada a juicio, sólo abarca presuntos delitos cometidos en el periodo de 2010 a 2013, es decir, durante los gobiernos consecutivos de Fernández de Kirchner, quien fue electa en 2007 y reelecta en 2011.

En el proceso que comenzó este martes, y que demorará ocho meses y en el que declararán 91 testigos, están acusadas 25 personas a las que se les imputa haber formado parte de una trama de lavado de dinero que incluyó la apertura de cuentas en bancos del exterior y en paraísos fiscales.

Junto con Báez, quien está detenido desde abril de 2016, serán juzgados sus cuatro hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina, ya que formaban parte de las empresas, más abogados, contadores, financistas y otros empresarios.

Todos ellos están acusados de haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en Argentina y en el extranjero, “con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita".

De acuerdo con la fiscalía, montaron esta estructura para lavar por lo menos 60 millones de dólares durante los años 2010 y 2013, recursos que provenían de la obra pública.

Este juicio podría terminar a mediados de 2019, pero antes, en febrero, comenzará otro en el que Báez se sentará en el banquillo de los acusados junto con Fernández de Kirchner, quien enfrentará así su primer juicio oral y público por denuncias por corrupción.


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