Néstor Jiménez y César Arellano García
Foto: Atribuida a su perfil de Linkedin
La Jornada Maya
Ciudad de México
Jueves 22 de febrero, 2018
La Procuraduría General de la República (PGR) citó a Manuel Barreiro Castañeda, presunto responsable de una red de triangulaciones financieras con la que le compró una nave industrial en 54 millones de pesos al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.
Barreiro, por su parte, se amparó para evitar se remita a un juez el caso y se ordene su detención, esto en tanto no tenga conocimiento de la carpeta de investigación.
El empresario, señalado dentro de una investigación por probable lavado de dinero al triangular recursos en empresas fachada por varios países para después comprarle dicho inmueble al candidato panista, fue localizado en Canadá de acuerdo con una cable de la agencia Notimex.
Fuentes federales confirmaron que la alerta migratoria solicitada por la PGR al Instituto Nacional de Migración (INM), fue con el objetivo de localizarlo y hacerle llegar el citatorio.
Además, se preparan más citatorios al respecto, sin embargo, hasta el momento las autoridades federales no han confirmado si Ricardo Anaya será llamado a declarar.
Este jueves, el juzgado Décimo de Distrito en Materia de Amparo con sede en la Ciudad de México, otorgó una suspensión provisional ante cualquier solicitud de aprehensión solicitada por la PGR contra Manuel Barreiro.
De acuerdo con el expediente 121/2018, la PGR le negó tener acceso a la carpeta de investigación PGR/UEIORPIFAM/979/2017, razón por la cual se le otorgó el amparo al empresario queretano.
“Se concede la suspensión provisional para que en caso de que efectivamente tengan la calidad de imputados, en la carpeta de investigación o cualquier otra, la autoridad ministerial responsable no la determine por cuanto hace a los quejosos, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público; ello, hasta que se resuelva la suspensión definitiva” indica la resolución del juzgador.
El dictamen advierte que el amparo no implica la suspensión de la investigación que realiza la procuraduría. “Con la finalidad de evitar perjuicios de imposible reparación a los justiciables, quienes podrían verse afectados en su derecho de defensa, en el caso de que las autoridades ministeriales determinen ejercer acción penal en su contra”.
Con ello, la PGR deberá hacer llegar primero el expediente a Barreiro, antes de solicitar que se judicialice el proceso, esto en caso de catalogar a Barreiro como imputado.
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La Jornada
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