El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y Felipe Flores Velázquez, entonces secretario de Seguridad Pública municipal, así como otras 26 personas, fueron condenados a 60 años de prisión por los homicidios calificados de seis personas, entre ellas Julio César Mondragón Fontaine, estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2014 y concluyeron con la desaparición de otros 43 alumnos.
También fueron condenados por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, en agravio de 61 personas, por el ataque perpetrado por la Policía Municipal contra el equipo de futbol Los Avispones, en septiembre de 2014.
Julio César Mondragón participó en las movilizaciones que realizaron sus compañeros de la Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre en Iguala. Intentó huir de los disparos que realizaron los policías municipales, pero al día siguiente fue encontrado su cadáver, sin rostro.
La sentencia del juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, Irving Joan González Balleza, con sede en Matamoros, Tamaulipas, establece que Abarca Velázquez actuó como inductor y Flores Velázquez como autor mediato. Es decir, un tribunal reconoce que autoridades del Estado están en el origen de estos crímenes.
Los abogados del entonces presidente municipal de Iguala impugnaron el fallo de primera instancia para que el caso sea turnado a un tribunal colegiado, que determinará si confirma, modifica o revoca la resolución del juzgador.
Abarca Velázquez ingresó en 2014 al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de ser detenido por su presunta responsabilidad en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, en mayo de 2025, un juez federal en materia de amparo y juicios federales del Estado de México informó que fue trasladado a un penal federal de Coahuila, tras permanecer más de 10 años en el centro penitenciario de máxima seguridad.
En aquella ocasión, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal señaló que el cambio del ex servidor público, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, se realizó el 30 de abril de ese año, cuando fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Coahuila.
Actualmente, enfrenta una condena de 20 años de prisión por el homicidio de Justino Carbajal Salgado, activista social asesinado en marzo de 2013. Asimismo, está sujeto a procesos penales por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud.
Familia de Julio César exige a la FGR investigar el caso como tortura
Sobre la sentencia, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que acompaña a la familia de Julio César, señaló que, si bien representa “un paso después de doce años de espera”, también es incompleta porque deja fuera la tortura.
En un pronunciamiento, afirmó que este delito no prescribe en la memoria de una familia ni en las obligaciones del Estado. Refirió que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la que México es parte, obliga a las autoridades a investigar de oficio y de inmediato cuando existe razón fundada para creer que se cometió ese delito, así como a sancionarlo con penas severas.
Por ello, destacó que la familia de Julio César y la Red exigen que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue el caso como tortura, con base en los dictámenes forenses existentes, y lleve a juicio a quienes la cometieron, ordenaron o permitieron.
Asimismo, demandan que la FGR haga valer en la segunda instancia todo lo que la sentencia dejó sin resolver respecto de Julio César y que la reparación del daño reconozca la tortura y sea integral para su familia.
Edición: Emilio Gómez
La sentencia también incluye a otras 26 personas, mientras la familia de Julio César Mondragón exige que la FGR investigue el caso como tortura
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