Emir Olivares Alonso
Foto: Arturo Campos
La Jornada Maya
Ciudad de México
Jueves 22 de febrero, 2018
En 2017, la violencia extrema aumentó en todo México, persistieron innumerables violaciones a los derechos humanos y la impunidad fue la constante, concluye Aministía Internacional (AI) en su informe anual sobre la situación de las garantías fundamentales en el mundo, en el capítulo sobre nuestro país.
En su balance de la crisis mexicana, AI describe a 2017 como el año con más homicidios dolosos, al tener más de 42 mil; el más violento contra periodistas, con 12 asesinados, y donde la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas son prácticas habituales.
Además, con la nueva Ley de Seguridad Interior se permitirá la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones de policía sin incluir disposiciones efectivas que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas ni la supervisión civil, con lo que se corre riesgo de que los derechos fundamentales se vulneren.
De acuerdo con AI, en 2017 México recibió la cifra más alta de su historia de solicitudes de asilo (más de 14 mil), la mayoría de ciudadanos de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela, pero casi todas fueron rechazadas. Y pese a las declaraciones de alerta de violencia de género en 12 entidades, las agresiones contra las mujeres persisten y se incrementan, la mayoría de las investigaciones fue deficiente y los responsables siguen en la impunidad.
El informe 2017-18 que se presentará este jueves, documenta la situación de los derechos humanos en 159 países y territorios. En el caso de México, indica que se produjo un incremento significativo de crímenes y que la cifra real podría ser más alta, ya que algunos no se denuncian a la policía, y no todos los denunciados derivan en medidas oficiales.
En el caso de los periodistas, AI documenta el asesinato de 12 reporteros, entre ellos los corresponsales de La Jornada en Chihuahua y Sinaloa, Miroslava Breach y Javier Valdez, respectivamente. Las autoridades no realizaron avances significativos en las investigaciones de estos homicidios. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión no indagó si el trabajo de estos profesionales pudo motivar los ataques (y) el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no les brinda la protección adecuada.
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