Ana Langner
Foto: Legionarios de Cristo
La Jornada Maya

Ciudad de México
Sábado 23 de noviembre, 2019

La congregación de los Legionarios de Cristo concluyó que el sacerdote Fernando Martínez Suarez abusó de ocho menores entre 1990 y 1993, a su vez encontró que existieron prácticas institucionales o personales que pudieron favorecer o propiciar cualquier forma de abuso o revictimización.

El grupo religioso inició una investigación en mayo de 2019 a través de agencia internacional Praesidium Inc luego que cantante y conductora Analú Salazar publicó en la página de Facebook “Legioleaks” una denuncia pública en la que relató que el sacerdote habría abusado de ella entre 1991 y 1992 cuando tenía ocho años y estaba en el Instituto Cumbres, en Cancún.

El resultado de la pesquisa confirmó que “el P. Martínez Suárez al menos cometió abusos sexuales contra ocho menores de edad entre 1990 y 1993”. Frente a ello, la Congregación se comprometió a buscar la reconciliación con todas las víctimas de este caso; colaborar con las instancias civiles y eclesiales; que Martínez no tenga ningún ministerio sacerdotal público; una formación adicional para que los superiores sepan atender a víctimas y denunciantes en el contexto de la aplicación de los estándares de ambientes seguros”.

En el informe de 10 páginas se da a conocer que el fundador de la Legión de Cristo, el padre Marcial Maciel, quien hace más de diez años fue encontrado culpable por abusos sexuales y psicológicos, conoció desde 1969 de denuncias en contra del padre Martínez por abusos contra alumnos del Instituto Cumbres, sin embargo sólo decidía transferirlo de ciudad.

“La investigación examinó la actuación de los superiores de la congregación que en los distintos periodos trataron este caso y pudo constatar la responsabilidad personal del P. Marcial Maciel quien fue superior general hasta 2005. En primer lugar, porque, como hoy consta, el P. Maciel abusó del P. Fernando Martínez en Ontaneda y Roma en verano y otoño de 1954, cuando tenía 15 años7 . Más adelante, aunque sabía que el P. Martínez a su vez había abusado, el P. Maciel decidió trasladarlo de un lugar a otro y, desoyendo las reservas del superior territorial y la petición del sacerdote, lo nombró director del colegio de Cancún”, se lee en el texto.

Ante estos hallazgos la Congregación se dijo avergonzada, condenó y deploró los abusos cometidos por Martínez así como la inaplicación de medidas adecuadas y suficientes. En este contexto puso de manifiesto un decálogo de deficiencias en el manejo este caso a lo largo de las últimas décadas.

De acuerdo con la evaluación fue un error grave asignar, en este caso, a un sacerdote que había cometido abusados a un puesto de trabajo pastoral con niños y jóvenes en otro lugar. En aquel entonces hubo ausencia de procedimientos adecuados para la respuesta a denuncias y la atención a las víctimas y sus familiares.

Hubo ignorancia sobre el fenómeno de los abusos de menores, en particular, en relación con las consecuencias graves y duraderas para las víctimas y los mecanismos psicológicos de una persona que comete abusos.

Se reconoce la existencia de una cultura defensiva que priorizaba la imagen y fama de la institución por encima de las personas, y al sacerdote abusador por encima de la víctima.

También imperaba la mentalidad de evitar juicios civiles y canónicos si no eran estrictamente necesarios en vez de investigar a fondo las denuncias y asegurar que sean presentadas a las instancias competentes.

Las normas y prácticas de la Congregación que reservaban solo al P. Maciel como superior general las decisiones importantes sobre los sacerdotes . Así se minimizaba la capacidad de actuación de los superiores a nivel territorial o local, además de que no recibieron la información relevante para el ejercicio responsable y maduro de su oficio.


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