Garantiza AMLO no intervención en sindicato petrolero

Notimex y Fabiola Martínez y Néstor Jiménez
La Jornada Maya

Ciudad de México
Martes 15 de octubre, 2019

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó hoy que su gobierno no intervendrá en la vida interna del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en caso de que decida renunciar su dirigente, Carlos Romero Deschamps.

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"Si toma decisión de dejar el sindicato para atender estos asuntos, está en su derecho. Nosotros no nos vamos a meter a poner el sustituto; eso lo tienen que resolver en el sindicato", dijo el mandatario sobre versiones de que Romero Deschamps dejaría su cargo para enfrentar denuncias en su contra.

"Él sabrá como responder a las denuncias presentadas sin que haya persecución, sino con apego a la legalidad, a los elementos de prueba que existen en el caso de que él sea responsable de algún delito, pero él va a resolver ese asunto", expresó en su conferencia de prensa matutina.

Reiteró que "nosotros no vamos a quitar a un dirigente para poner a otro, es un asunto que tienen que resolver los propios trabajadores".

[h2]Gobierno no permitirá que sigan saqueando a Pemex: AMLO[/h2]

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El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que su gobierno defenderá Pemex para que esta empresa pública no siga siendo “saqueada”, como ocurrió en administraciones anteriores.

También manifestó todo su apoyo y garantías a quienes denuncien actos de corrupción y ayuden a limpiar al gobierno.

En el caso particular de asuntos específicos y recientes denuncias de corrupción en Pemex, subrayó que no es una situación nueva sino un tema casi de dominio público.

“No sé por qué ahora se extraña, se rasgan las vestiduras, porque la política neoliberal su propósito es robar, saquear y nada más porque México tiene suerte, de veras, es un pueblo bendito, no acabaron con todo porque el propósito era saquear.

“Como cuando entran a robar a un banco unos ladrones y empiezan a llenar los costales de dinero, en las bóvedas, suena la alarma y alcanzan a llevarse varios costales y dejaron algo ahí. Así estamos”, expresó durante la conferencia de prensa matutina en la que estuvo acompañada de integrantes del gabinete de seguridad.

El mandatario dijo que en los 36 años recientes, en el periodo neoliberal, el propósito fue saquear a Pemex y ahora se sorprenden.

Este asunto que se está ventilando, puntualizó, tiene que ver con los hombres del poder y del dinero, “por un lado acaban de mencionar al que fue secretario de Energía, el otro señor Lozoya, vinculado con empresa, ¿dónde trabajaba antes? ¿cómo llegó a Pemex? Sus antecedentes, desde tiempo atrás, ¿quién es el personaje? En el caso del secretario de Energía, de donde viene, el dueño de una de estas empresas involucradas, Oro Negro, quién es?”.

Cuando se reparte mal el botín, hay motín y –advirtió– Pemex se va a defender. No permitiremos que sigan saqueando.

“Pero me llama la atención el escándalo ¿pero hasta ahora se están dando cuenta los denunciantes? ¿Hasta ahora se están dando cuenta en el extranjero? Yo les aseguro que tenían información de tiempo atrás, no sé por qué razón ahora está saliendo”, dijo.

Señaló que su gobierno no va a tolerar ningún acto de corrupción; por eso –añadió– fue importante que llegáramos aquí con el apoyo de ciudadanos, no de grupos de intereses creados, porque si hubiésemos llegado con el apoyo de la delincuencia de cuello blanco, estaríamos atados de pies y manos y no tendríamos libertad.

Entonces, dijo, en todo esto se tiene que actuar si hay denuncias y defender a Pemex para que no lo sigan saqueando.

[h2]Violencia de género, foco de atención en Guardia Nacional: Sánchez Cordero[/h2]

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Al hablar de temas relacionados con inseguridad en el país junto a los titulares del gabinete en esta materia, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró que se debe implementar una estrategia de prevención de la violencia que sufren mujeres como principal eje, por arriba incluso de la denuncia.

Indicó que el lunes estuvo en una mesa redonda con organizaciones de la sociedad civil con quienes abordó este tema, en el que les expuso que “la estrategia no necesariamente la primera instancia es la denuncia, sino tenerlas que proteger de su ámbito de violencia, separarlas del agresor y que estén resguardadas, si lo desean, posteriormente acudan al Ministerio Público”.

Dijo que las alertas de género deben revisarse, porque si no hay acciones posteriores a que se emita la alerta, no tiene el impacto positivo que debería tener.

Éste, dijo, es un tema de preocupación a nivel de Guardia Nacional, se está capacitando en este tema, y también para atender casos de feminicidio.

Sobre los recursos aplicados a esta estrategia, señaló que las organizaciones se quejaron que es muy engorroso dar información, pero indicó que habrá “un marcaje a los recursos para ver como se aplican” para detectar que los recursos económicos se destinen de manera correcta, ya que se han usado incluso para llavero, “lo cual es inaceptable”.

Lar organizaciones reclamaron que “hay una burocracia obesa” para poder dar a conocer dónde se aplican los recursos, ante lo cual se comprometió a buscar mecanismos para simplificar la rendición de cuentas.

Además, ante la evaluación que desarrolla el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dijo que México llegará con avances importantes en materia de derechos humanos.

También, al señalar que en materia de desapariciones estamos muy comprometidos, afirmó que le dio gusto que designaran para recibir la medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra, ya que la reivindica como una luchadora incansable.

[h2]Que se publique 'ley Bonilla' para que se pueda impugnar: AMLO[/h2]

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Al referirse al caso Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que en su gobierno se terminaron las prácticas del [i]dedazo[/i], la línea dictada desde el Poder Ejecutivo y las “concertacesiones” con la oposición.

Consideró que lo mejor es que prosiga el proceso de publicación de la ley aprobada por el Congreso Local, conocida como [i]ley Bonilla[/i], para extender el periodo de gobierno estatal a cinco años, y que así ampliaría el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, previsto para dos años.

Una vez que se publique la ley, que corra su eventual impugnación ante la Suprema Corte, agregó el presidente.

“Entonces, para notar que ahora es distinto, se tiene que explicar cómo era antes. Lo que consideramos nosotros es que primero, tiene que haber un auténtico Estado de derecho, que no había, era un Estado de chueco, segundo, que el Poder Ejecutivo no tiene que ser el poder de los poderes. Tercero, debe prevalecer la democracia”, señaló en conferencia de prensa.

Reiteró que son “chicanadas” las estrategias para evitar o demorar la publicación de la ley, porque se atrasa también la resolución definitiva en el Poder Judicial.

“Pero fíjense: son [i]chicanadas[/i], sin lugar a dudas, porque sin lugar a dudas, al momento en que se publique la ley se va a poder impugnar y al impugnarse la ley tiene que ir a la Suprema Corte y ahí se va a resolver en definitiva. Pues ese es el planteamiento que hicimos: puse hasta un texto, un mensaje en mi [i]feis[/i] y en el twitter planteando esto, pero imagínense, para los conservadores y su hipocresía, cómo era antes”, manifestó.

Lamentó que la oposición ya se haya olvidado de las negociaciones políticas que hubo desde finales de los años ochenta.

“Por eso cada vez que sale un tema de estos, aprovecho para recordar, porque de veras hay una epidemia no de dengues sino de amnesia, hay amnesia colectiva.

“Cómo era antes? Era [i]dedazo[/i] del presidente, era "concertacesión", ¿se acuerdan de la "concertacesión"? ¿quiénes practicaban las concertacesiones? Precisamente en Baja California, porque eso es ilustrativo, porque estamos en una etapa que hay que decir ‘el rey va desnudo’ . A quitar máscaras: creo que fue en 1989, el mismo día de la elección de Baja California, hay una elección en Michoacán.

“El régimen contra un partido opositor en Baja California, y el régimen contra otro partido opositor en Michoacán. En el caso de Baja California no se pone todo el acelerador del fraude y gana el partido opositor, no estoy diciendo que no hay ganado sino que hubo línea para no aplastar, en cambio en Michoacán, la decisión fue aplastar y así muchos casos”, dijo.

En el caso de Baja California, subrayó, van a terminar publicando la ley.

“La van a encontrar, aunque esté traspapelada, porque además pienso – esto lo debe saber los constitucionalistas- ¿qué pasa si no se publica? No entra en vigor y entonces no pueden haber cinco años, pienso, de modo que hay que esperar a que se termine con este proceso”, señaló.

“Lo van a hacer (su publicación), no nos corresponde, es un proceso que tiene que ver con partidos, hay opositores. Los mismos que aprobaron la ley pueden ahora retractarse, ofrecer una disculpa, (decir) nos equivocamos, ‘tan es así que vamos a impugnarla’. Eso sería lo mejor. Pero no meternos, eso es lo que querían los conservadores , quienes están sorprendidos, desorientados por completo, porque pensaban que íbamos a seguir de lo mismo. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, insistió.

Dijo que ha recibido peticiones de 'arréglelo usted' pero a quienes le hacen esa sugerencia, les responde que su partido (el PAN) aprobó la ley (de ampliación de mandato), por lo que - expresó- sí lo vamos a arreglar, pero no corresponde al Ejecutivo federal porque hay división de poderes.

Nuestra opinión, dijo, es que se tiene que publicar la ley, porque no se ha publicado. Se llegó al extremo de que el Congreso o algunos diputados, porque tampoco hay que generalizar, dijeron que no la publicaban porque no la encontraban, que se les traspapeló.

[h2]Durazo: se frenó la inseguridad, pero hay poco qué presumir[/h2]

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Aunque todavía no hay mucho qué presumir en materia de seguridad pública, lo fundamental es que en esta administración ya se ha alcanzado un "punto de inflexión" que se refleja en que se ha frenado la tendencia creciente de los índices delictivos, sostuvo el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

En materia de homicidios dolosos si bien no se ha detenido el alza, se redujo la tasa de crecimiento en este delito, pues en 2017 fue de 1.7 por ciento, en 2018 de 0.8 por ciento y en este año se ubica en 0.4 por ciento.

Al presentar un informe sobre seguridad, Durazo Montaño aseveró que 41.5 por ciento de los homicidios dolosos se concentran solamente en cinco entidades: en Guanajuato, 9.2 por ciento; Baja California, 9.1 por ciento; estado de México, 8.9 por ciento; Jalisco, 7.2 por ciento, y Chihuahua, 7.2 por ciento. El funcionario omitió dar cifras del acumulado de homicidios en 2019, ciñéndose a referir que su incremento es ya de sólo 0.4 por ciento, si bien mencionó que en 2018 se abrieron 20 mil 106 carpetas de investigación sobre este delito, con "una cifra récord en julio de ese año" con 3 mil 74.

Durante la conferencia donde se presentó el informe –en la que inusualmente no hubo preguntas–, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se trata de una nueva estrategia en la que participan el Ejército y la Marina, instancias que han modificado sus métodos de operación "poniendo en el centro el respeto a los derechos humanos, el uso moderado de la fuerza, la manera que se va avanzando sin guerra, sin razzias, sin masacres. Es muy importante resaltar que no es así como estamos atendiendo el problema de la inseguridad y la violencia".

Durazo Montaño sostuvo que esta administración heredó “una crisis de inseguridad crónica que marcó sexenios e incluso décadas: 33 millones de delitos –de los cuales sólo se denuncian 1.9 millones– y casi 25 millones de víctimas durante 2018, pero esta es una cifra que se repite año con año”. Paralelamente, se enfrenta una elevada impunidad y un ineficiente sistema de justicia, pues se estima que la cifra negra de delitos no denunciados alcanza 93.2 por ciento y que hay sólo 1.14 por ciento de posibilidades de que un ilícito por el cual se presentó querella se esclarezca.

En el desagregado de incidencia delictiva, el robo a transeúnte ocupa el primer lugar, con 28.5 por ciento del total de delitos registrados en el país; la extorsión es la segunda conducta más recurrente, con 17.3 por ciento, y el fraude representa 14.3 por ciento.

Al abundar en torno a los homicidios dolosos, refleja datos polarizados en el periodo de diciembre de 2018 a agosto de 2019: en Tijuana se han perpetrado mil 430 ejecuciones; en Ciudad Juárez, 678; Monterrey, 189, y en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, sólo 17.

El robo de vehículo se redujo en 1.7 por ciento, cuando en enero de 2018 se reportaron 15 mil 980 casos. Para enero de 2019 bajó a 14 mil 222 y en agosto aún más para ubicarse en 12 mil 267.

El reporte indica que 26.9 por ciento de los robos de autos se cometen en el estado de México; 11.5 por ciento en Jalisco; 9 por ciento en Baja California, y 7.3 por ciento en la Ciudad de México.

Entre enero y julio de este año el robo como delito genérico –autos, transeúnte, domicilio, etcétera– se redujo 2.3 por ciento. Sin embargo, de forma desagregada el asalto a transeúnte disminuyó 7.3 por ciento y a transporte de carga 6.3.

El funcionario aseveró que un punto de atención primordial es el control de las cárceles en México para terminar con el autogobierno, pues se estima que "desde ellas se administra 50 por ciento del crimen organizado en el país".

Se informó que como parte del combate al crimen organizado se bloquearon mil 995 cuentas bancarias: 771 de personas físicas; mil 57 de morales y 167 no identificadas. La suma total de recursos que fueron bloqueados fue 5 mil 182 millones de pesos; 47 millones de dólares y mil 860 euros.

[h2]Resaltan fuerzas armadas la baja en su nivel de “letalidad”[/h2]

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Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) ofrecieron un balance de sus acciones en la presente administración federal en materia de seguridad pública, en las que destacaron que el índice de letalidad de las fuerzas armadas ha disminuido a niveles de hace más de diez años.

Tras recordar que la modificación constitucional que dio paso a la creación de la Guardia Nacional les permitió contribuir en labores de seguridad pública, precisaron que se han desplegado 6 mil 849 efectivos para resguardo de 11 de los principales ductos de hidrocarburos del país como parte del combate al huachicol, se incineraron casi 60 mil kilogramos de mariguana y se desplegaron 14 mil 951 elementos federales en la frontera norte y 11 mil más en la sur para labores en temas migratorios. También se reforzó la vigilancia en puertos marítimos y han colaborado en programas como Sembrando Vida y en la eliminación del sargazo.

Al presentar las acciones del Ejército, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, explicó que de enero a septiembre se han registrado 123 personas fallecidas al agredir a las fuerzas armadas, 34 heridos y 177 detenidos, todos ellos en 204 hechos de agresión contra elementos castrenses. A la vez, hubo 11 militares fallecidos y 89 lesionados.

[b]Cifras contrastantes[/b]

Las cifras contrastan con las de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando se registraron hechos como las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya y Tanhuato. Sólo en 2007 y 2008, al inicio del sexenio de Calderón, la cifra de letalidad fue más baja, pero a partir de 2009 y hasta el año pasado hubo entre 230 y mil 412 agresores fallecidos por año, para un total de 5 mil 396 decesos de 2006 hasta el mes pasado en este sentido.

De acuerdo con una gráfica que presentó Sandoval González ayer durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, se detalla que, de los 152 mil 120 homicidios vinculados a la delincuencia organizada de 2006 a la fecha, la cifra de 5 mil 396 corresponde a fallecidos en enfrentamientos contra fuerzas federales, y el resto se debe a las constantes disputas entre bandas del crimen organizado.

En el mismo lapso, en dichos hechos 721 elementos castrenses perdieron la vida. “De cada siete agresiones, hay un integrante de las fuerzas armadas fallecido”, agregó.

Sandoval González recalcó que una de las principales acciones realizadas por el Ejército es el combate al huachicol (robo de combustible), para lo cual en los 11 ductos que abastecen las ciudades más grandes del país se desplegaron 6 mil 849 efectivos a lo largo de 16 entidades, con lo que se han detectado 5 mil 734 tomas clandestinas.

Los elementos castrenses también colaboraron con el traslado de mil 141 litros de combustible y han incautado 13 mil 142 vehículos con 5 mil 72 contenedores, en los que se recuperaron 16 millones de litros de hidrocarburo.

Respecto de las acciones dentro del Plan de Migración, explicó que en la frontera norte se desplegaron 15 mil elementos y casi 12 mil más en la frontera sur, con equipos de inspección no intrusiva para detectar el movimiento de migrantes en diferentes tipos de vehículos y vigilancia aérea por medio de helicópteros.

Aunque no detalló el decomiso total de armamento, precisó que 70 por ciento de las armas incautadas son de procedencia estadunidense, principalmente de Texas, California y Arizona, que ingresan por cinco puntos fronterizos.

En una de las gráficas presentadas se especificó el decomiso por parte del Ejército de casi seis mil armas, incluidos fusiles Barret, ametralladoras, lanzagranadas y lanzacohetes.

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, detalló que el 26 de septiembre se realizó una incineración masiva de casi 60 mil kilogramos de droga y 97 mil pastillas sicotrópicas.

Al detallar las acciones para contención del sargazo, señaló que se han recolectado 82 mil 471 toneladas en las costas y 533 toneladas en el mar, con la colaboración de civiles.

Se han destinado 109 millones de pesos para la construcción de sargaceras y adquisición de vehículos para recolectar ese desecho.

[h2]Se han hallado 594 fosas clandestinas, reporta Encinas[/h2]

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Durante lo que va de esta administración se han hallado 352 sitios de inhumación y 594 fosas clandestinos, de las cuales se han exhumado 706 cuerpos, informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, quien detalló que 206 ya han sido identificados. De igual forma dio a conocer que en este año han sido asesinados 23 defensores de derechos humanos y 15 periodistas, lo que obliga a redoblar medidas de prevención del mecanismo de protección.

Como parte del informe sobre seguridad que ofreció el gobierno federal, Encinas destacó que según los datos del Registro Nacional de Fosas Clandestinas, ya se han entregado a familiares 122 cuerpos. “Hay que reconocer el trabajo que han desempeñado algunas entidades, particularmente Colima, Jalisco y Chihuahua, que tienen los porcentajes más altos de identificación”.

Puntualizó que en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hay registrados mil 39 beneficiarios –691 activistas y 348 comunicadores–, lo que representa un “crecimiento muy significativo”, pues cuando empezó había sólo siete personas bajo este esquema.

“Lamentablemente prevalece un clima de agresión y de intolerancia contra los defensores de derechos humanos y los periodistas en muchas regiones del país. Solamente este año hemos registrado 179 ataques, de los cuales lamentablemente han sido asesinados 23 activistas y 15 comunicadores”, dijo el subsecretario.

En cuanto a las agresiones a mujeres, destacó que se ha atendido a 125 mil que han enfrentado violencia, las cuales han sido canalizadas a los 47 centros de justicia especializados con que se cuenta en el país. Se han decretado dos alertas de género –Puebla y estado de México–, pero están en proceso una más para la Ciudad de México y otras 20 que involucran a 410 municipios ubicados en 18 entidades.

“Se ha instrumentado la iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres en cinco municipios con los mayores índices de violencia hacia este sector de la población: Ecatepec, Naucalpan, Chilpancingo, Ciudad Juárez y Chihuahua”. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que de enero a agosto de 2019 se registraron 638 presuntos casos de feminicidio en el país.

Aseveró que bajo la política de liberación de presos injustamente privados de su libertad, se han recibido ya mil 221 solicitudes, de las cuales han concluido con su liberación 45 casos mediante mecanismos como desistimiento de acción penal, reposición del proceso o la sentencia absolutoria por falta de elementos.

Confió en que cuando en el Congreso se apruebe la reforma que promueve la amnistía crecerá más la liberación, beneficiando a luchadores sociales, defensores del territorio y recursos naturales, población indígena, personas en condición extrema de pobreza y marginalidad, o que han cometido delitos menores no gravosos.

Sobre la Comisión Nacional de Búsqueda explicó que se han realizado 65 acciones en 11 entidades.


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