Enrique Méndez y Roberto Garduño
Foto: José Antonio López
La Jornada Maya

Ciudad de México
Jueves 25 de julio, 2019

La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 420 votos, nueve abstenciones y 10 en contra, la minuta del Senado de la República, por la que se expida la Ley de Extinción de Dominio por la cual se incrementa a 245 el catálogo de delitos aplicables al proceso de desmantelamiento de las estructuras delictivas en el país.

No obstante, la necesidad de una legislación que tiende a desmantelar la cultura de impunidad y corrupción imperante en el ambiente nacional, la –cada vez más- reducida fracción del PRD, denunció afectación a los más pobres e indefensos del país.

A decir de los perredistas, los mexicanos más desfavorecidos, aquellas personas atrapadas por las redes de la delincuencia podrían perder sus escasas propiedades. El reclamo de lo que queda de ese partido, se evidenció pronto en San Lázaro, como un reproche político al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien atribuyeron responsabilidad por tan irregular norma.

Por encima de eso, el resto de las fuerzas legislativas en San Lázaro, si bien consideraron la necesaria perfectibilidad de la legislación, apoyaron su esencia porque contribuirá al necesario entramado legal en contra de los grupos delincuenciales.

Pilar Ortega (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia en San Lázaro, adujo que “el proceso legislativo no debe terminar hoy, se debe vigilar y observar esta figura pasa saber si es herramienta eficaz para combatir al crimen, de no ser así, hay un plazo de un año para revisar su contenido de este dictamen-minuta. Esta herramienta era necesaria, está llamada a fortalecer el estado de derecho mexicano, esta figura es contra la impunidad. Lo más importante es avanzar, un paso más hacia el combate a la impunidad.”

También Rocío Barrera Badillo (Morena), presidenta de la Comisión de Gobernación, expuso que ahora se unifica la estrategia que recoge experiencias exitosas recogidas en estados. “Los ejes torales a modificar son: declara la pérdida de derechos de personas o morales cuando estos estén ligados a un hecho ilícito; establece reglas de litigio; establece medios de impugnación; incorpora mecanismos de acción internacional.

“Dotaremos a nuestra nación de una legislación que debe responder de manera efectiva a cuestiones de Estado, enfrentar a los grupos criminales que se han enquistado en México, damos un paso definitivo para decirle a la delincuencia basta.”

El diputado del PVEM, Marco Antonio Gómez, adujo que la minuta es “un golpe contundente a las asociaciones criminales y corruptas que operan en el país. A partir de hoy todo servidor público podrá perder todos sus bienes cuando no se justifiquen con el origen de su patrimonio. Se establece la implementación de una política coherente en rescate de bienes. Se declara el carácter imprescriptible a la acción de extinción. El Ministerio Público nunca actuará de manera discrecional para afectar a terceros. El procedimiento es de naturaleza civil. Se garantiza derecho de audiencia a los implicados. Nada de lo previsto en la ley autoriza a al Estado Mexicano a vender un bien producto de la extinción.”

Del lado perredista, María Guadalupe Almaguer, el contenido de la legislación es pernicioso. “Ahora estará en riesgo el patrimonio del ciudadano inocente cuyos bienes se encuentren bajo la sospecha no comprobada del origen de sus bienes. Cualquier persona que compre un carro está en riesgo, seamos claros estamos ante una ley que baja los requisitos a la autoridad, es una ley de excepcionalidad. El PRD votará en contra, es una manzana envenenado, porque concentra el poder político y económico en el presidente.”

En su turno, Juan Carlos Villareal de Movimiento Ciudadano, consideró que así “como vemos virtudes, observamos que la ampliación del catálogo de delitos, si esta ley es con contra de aquellos que incurren en actos de corrupción, también se puede aplicar contra los que tienen menos. Es un problema grave porque los que no se puedan defender podrán perder sus bienes. Estamos a favor de esta ley, pero presentaremos reservas, si estamos de acuerdo en contra de la extinción de dominio, pero no contra los que menos tienen capacidad de defenderse.”

En tribuna, Ana Ruth García del PT, anunció que su partido observa que el dictamen “garantiza los procedimientos para que la extinción de dominio no vulnere derechos humanos fundamentales. El proyecto garantiza que en aquellos delitos que laceran el interés de la mayoría de los ciudadanos sea considerado de extinción de dominio.”

En defensa de la minuta, Esmeralda Moreno del PES, adujo que “no hay violación a derechos humanos porque prevalece la garantía de derecho a audiencia y se obliga a la Fiscalía General de la República (FGR) a entregar al Senado un informe sobre la acción de la extinción de dominio.”

Del lado del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán, deslizó primero que apoyaría el texto y por otro lado se estaría aprobando el procedimiento por el que 245 nuevos delitos se aplicarán, y “los tiempos que vivimos con el alza incontrolable de la violencia, nos están llevando a aprobar medidas más coercitivas. Estamos normalizando lo que debería ser excepcional, en el PRI estamos a favor de la extinción de dominio, pero no queremos un estado represor. Nos preocupa la carga de la prueba sobre el ciudadano, nos preocupa que muchos de los preceptos que están en la ley Modelo de la ONU fueron cambiados no se contemplaron en esta ley, nos preocupan que se congelen cuentas bancarias antes de que se aplique la ley.

Con moderación la panista Lizbeth Mata Lozano señaló que la legislación fortalece las obligaciones de transparencia. Y el morenista Rubén Cayetano, ponderó que la ley es “un paso más para acabar con los lastres que tanto han lacerado a México. Llegó el momento de arrebatar a los delincuentes, con la ley, los bienes producto de sus crímenes. Las cosas en México se están transformado. El gobierno de la cuarta transformación ya está dando resultados. Que se escuche claro desde ahora los delincuentes perderán sus bienes por la comisión de delitos. Es momento de terminar con la situación que las administraciones pasadas propiciaron con su omisión. No más impunidad, queremos justicia.”


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