La Jornada Maya
Foto: Afp
Ciudad de México
Sábado 29 de junio, 2019
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la reciente modificación de políticas en materia de migración ha generado mayor presencia de autoridades migratorias y de cuerpos de seguridad en las fronteras norte y sur del territorio nacional, así como la detención de personas en contexto de migración en distintas ciudades de nuestro país.
Como consecuencia, también se ha incrementado la labor de las organizaciones y activistas que se dedican a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes al interceder por ellas, representarlas y acompañarlas en los distintos trámites y procesos relacionados con su estancia o tránsito por México ante autoridades de los tres niveles de gobierno.
En un comunicado, el organismo público destacó que la presencia y las acciones de los colectivos de la sociedad civil contribuyen a la defensa de las personas migrantes y también a la denuncia de las condiciones de inseguridad en las que transitan por México y, en términos generales, al mejoramiento de los procesos que toda autoridad debe acatar para cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Por tal razón, consideró, es necesario que organizaciones y activistas reciban el respaldo total y permanente de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto; que no se desacredite ni criminalice su labor, ya que se generan contextos poco propicios para la defensa de los derechos fundamentales, y que la intervención de las autoridades en el tema migratorio no afecten, por ningún motivo, la labor de personas y organizaciones dedicadas a la defensa de las personas en contexto de movilidad.
De igual manera, la CNDH afirmó que esta mayor actividad de las organizaciones y defensores de derechos humanos de personas migrantes ha incrementado, al mismo tiempo, su situación de riesgo, pues los actos de intimidación y descalificación en su contra derivado de sus actividades buscan deslegitimar la labor de asistencia humanitaria y defensa de los derechos humanos que realizan tanto las casas de migrantes y albergues, así como las organizaciones de la sociedad civil en todo el país.
Como ejemplo de ello, el organismo tuvo conocimiento de los actos de intimidación contra organizaciones y albergues en el estado de Sonora, lo que llevó a solicitar a autoridades estatales y municipales la implementación de medidas cautelares para salvaguardar la vida, seguridad e integridad personal de los integrantes y colaboradores de dichas organizaciones, sus instalaciones, así como de las personas migrantes que se encuentran en dichos albergues.
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