Emir Olivares Alonso
Foto: 'La Jornada' / archivo
La Jornada Maya
Ciudad de México
Lunes 13 de mayo, 2019
Los centros penitenciarios del país, en particular los estatales, siguen siendo focos de violencia contra presos y visitantes. La organización civil Documenta detalló que entre 2012 y 2018 se contabilizaron en las cárceles 187 homicidios, 324 suicidios y 2 mil 223 decesos por muerte natural o por enfermedades (2 mil 734 en total).
En ese periodo, añadió, el número de muertes al año dentro de los espacios de privación de la libertad aumentó 45 por ciento, al pasar de 293 fallecimientos en 2012 a 424 el año pasado, más de uno diario.
En un reporte sobre el tema, que se entregó recientemente ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, en el contexto de la evaluación a México, Documenta indicó que los incidentes más reportados en penales mexicanos son: violencia sexual, extorsión y homicidios.
Además, los datos muestran que en años recientes en 65 por ciento de las cárceles se han presentado condiciones de autogobierno, 76 motines y 6 mil 804 riñas.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2016 reportó que 31.9 por ciento de las personas privadas de su libertad en el país se sienten inseguras dentro de la cárcel en la que están internadas, 19.1 por ciento no se sienten seguras incluso en su propia celda, 33.2 por ciento han sido sufrido de una conducta ilegal dentro de su estancia y 5 por ciento han sido víctimas de algún delito sexual.
Los datos indican además que 95 por ciento de los presos de los penales federales pasan entre 19 y 24 horas en sus celdas; 95.2 no tienen acceso a actividades laborales, y de quienes logran realizar alguna, 84.5 no reciben remuneración; 68 por ciento reportó no haber recibido visita en el último año y 95 por ciento no tuvo visita conyugal.
Documenta afirmó que la violencia en las cárceles del país se presenta no sólo contra los presos, sino también contra familiares de éstos y personas que los visitan.
Frente a esta realidad, la organización civil planteó una serie de recomendaciones a las autoridades federales y estatales: que se adopten las medidas urgentes para proteger la vida, integridad y seguridad tanto de los internos como de los visitantes; investigar, sancionar y reparar los actos de tortura y maltratos que se cometan en los centros penitenciarios; garantizar la integridad de la mujeres presas; fortalecer el trabajo del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que sus recomendaciones se cumplan, y llevar a efecto los exhortos hechos por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, entre otras.
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