La inseguridad es un problema "crónico": Durazo

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Foto: Yazmín Ortega Cortés
La Jornada Maya

Ciudad de México
Viernes 26 de abril, 2019

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, advirtió en el Senado que la crisis de seguridad y la violencia que se padece en el país es crónica, histórica y no se va a resolver de la "noche a la mañana".

Sería irresponsable, dijo, plantear que en seis meses va a cesar la violencia y la criminalidad en territorio nacional, ya que es un problema estructural que trasciende responsabilidades sexenales, al que "tenemos que asumir con una perspectiva de mediano plazo, cuando menos".

Al comparecer ante el pleno del Senado, dentro del análisis de la Estrategia de Seguridad Pública, Durazo Montaño escuchó la preocupación de todas las fuerzas políticas por el incremento alarmante de la inseguridad, como los recientes hechos en Minatitlán y el reclamo de priístas y panistas de que no se han cumplido los compromisos de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su exposición inicial, el funcionario resaltó que el problema está en el corto plazo, ya que con la nueva estrategia que se ha puesto en marcha "nos proponemos un punto de inflexión", a fin de que en los próximo seis meses se frente la tendencia creciente de la criminalidad y en tres años lograr niveles razonables de paz y tranquilidad.

Los últimos tres años del sexenio, expuso, serán para consolidar los resultados y entregar en 2024 "un país estable y en paz".

Durazo Montaño resaltó que en el gobierno de López Obrador "nos esmeramos diariamente por dejar atrás los días más oscuros de la inseguridad" y pidió a la oposición que, sin regateos, aporten a la solución al problema.

Insistió en que México “está dolido y exhausto por décadas de violencia, por una crisis mayor a una responsabilidad sexenal, originada en las fallas de un modelo económico sectario de origen.

Las cifras valen por sí solas, dijo, y explicó que en unos cuantos años la tasa de homicidios pasó de 13 a 23 homicidios por cada 100 mil habitantes y el costo de esta espiral de violencia fue de alrededor de 5.6 billones de pesos en 2018, cifra equivalente a 24 por ciento del producto interno bruto.

A excepción de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), las demás fuerzas políticas lo respaldaron. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, señaló que el grave problema de la violencia no se solucionará en poco tiempo y que es un sinsentido exigir a cualquier gobernante, del partido que sea, que resuelva en meses un problema que, en realidad, son muchos problemas y que llevan demasiados años creciendo”.

A nombre del PRI, la senadora Claudia Anaya puso en duda la eficacia de la estrategia de seguridad del gobierno federal, pero subió el tono y reprochó la "soberbia y las mentiras" de López Obrador, quien, dijo, se entrampa en datos erróneos que son incapaces de aclarar y reparte culpas. "En pocas palabras, su lengua se les va enredando en el cuello y ahora se está asfixiando".

El titular de Seguridad Pública respondió que no se trata de repartir culpas ni criticar a gobiernos anteriores que no pudieron o no quisieron combatir la inseguridad, aunque hay datos de sobra para hacerlo. "No me voy a regodear en la sangre derramada en esos sexenios a causa de la violencia".

La senadora Indira Rosales del PAN le preguntó qué harán en el caso Veracruz y pidió que el gobierno federal envíe un comisionado a la entidad, para que investigue la masacre en Minatitlán. Durazo Montaño lo rechazó, dijo que el gobierno federal es responsable de garantizar el respaldo a las autoridades estatales y municipales para mejorar las condiciones de seguridad en el Estado”.

Adelantó que hoy estará en Veracruz para anunciar que la presencia de las fuerzas federales será más robusta.

Durante las más de cuatro horas que duró su comparecencia, Durazo Moreno se refirió a los elementos centrales de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que no se basa, dijo, exclusivamente en el uso de la fuerza policial y militar, como las de administraciones anteriores, sino que combate las causas de fondo de la delincuencia, entre ellas la marginación, la pobreza y la corrupción.