Antonio Heras
Foto: Twitter @SSPE_BC
La Jornada Maya
Mexicali, Baja California
Sábado 2 de febrero, 2019
Un grupo de nueve migrantes fue secuestrado por una célula del crimen organizado especializado en personas que intentan ingresar sin documentos a Estados Unidos por la frontera de Baja California.
Policías estatales detectaron una casa de seguridad en la colonia Orizaba, al poniente de Mexicali, donde estaba en cautiverio el grupo de migrantes originarios de Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Durango.
Se trata de siete hombres y dos mujeres que llegaron a la capital de Baja California a principios de esta semana, contrataron los servicios de los supuestos [i]polleros[/i] que los cruzarían, de forma segura, por el Valle Imperial o la zona serrana.
Sin embargo, fueron llevados a una vivienda de la calle Bahía de los Ángeles y callejón Tamaulipas en la colonia Orizaba, en donde permanecieron secuestrados hasta que sus familiares en Estados Unidos y México pagaron el dinero de su rescate.
Los agentes de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a dos hombres que resguardaban la casa de seguridad: Herón de 45 años de edad y Rubén de 38, quienes portaban una arma calibre 357.
En 2018 se denunció el secuestro de 13 migrantes en Mexicali, los cuales presentaron denuncias por las víctimas tras ser liberadas por diferentes corporaciones policíacas.
El común denominador de los casos es que las personas en contexto de migración son abordados por los traficantes de personas en la central de autobuses para después ser llevados a un motel o casa de seguridad en la periferia de la ciudad.
Las bandas dedicadas al secuestro de migrantes en la capital exigen entre 5 mil y 10 mil dólares a los familiares de las personas que buscan ingresar de manera ilegal a Estados Unidos. Los pagos de rescate se realizan en cuentas de Wester Unión o Moneygram.
Las transferencias internacionales se usan con números de cuenta de personas contratadas para ello, lo que hace más difícil rastrear a los integrantes de estas células.
Este tipo de ilicito se excluye de la incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado.
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