Susana González G
Ilustración: www.nofrackingmexico.org
La Jornada Maya

Ciudad de México
Jueves 24 de enero, 2019

La Alianza Mexicana contra el Fracking denunció que se han realizado nuevas perforaciones en el país a 7 mil 879 pozos, con lo que en total suman ya 36 mil 159 fracturaciones en todo el territorio nacional.

Sostuvo que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que no se permitirá el fracking, dicha práctica sigue vigente en tanto no sea prohibida legalmente.

Advirtió que hay 26 bloques adjudicados a Pemex (uno de ellos fue en alianza con una empresa privada), que pueden ser fracturados por los lineamientos legales vigentes que regulan dicha técnica para extraer hidrocarburos y los cuales fueron emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), creada en 2015 como consecuencia de la reforma energética y la cual depende de la Semarnat.

La detección de las fracturas en los 7 mil 879 pozos mencionados pudo lograrse por una investigación de Cartocrítica, que se autodefine como “una iniciativa civil mexicana e independiente, sin fines de lucro, que promueve la transparencia y el acceso público a la información socioambiental georreferenciada, en formatos abiertos, para alcanzar la gestión integral del territorio, el respeto a los derechos humanos y la conservación de la diversidad biológica y cultural”.

Cartocrítica "mapeó" dichas fracturas así como la intensidad con la que se han realizado y detalló que además de los 25 bloques adjudicados a Pemex, existe otro que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) otorgó mediante una licencia a Pemex Exploración y Producción y la empresa Operadora de Campos DWF, S.A. de C.V. desde noviembre de 2018 "para la exploración y extracción de recursos no convencionales entre los estados de Veracruz y Puebla, con una superficie de 140.88 kilómetros cuadrados".

El compromiso presidencial contra las fracturaciones debe materializarse, insistió la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Refirió que Roberto Ochandio, experto argentino en materia de extracción de hidrocarburos y los impactos del fracking, criticó los lineamientos que la ASEA emitió en 2017 ya que aunque establecen las obligaciones que las empresas reguladas deben cumplir no indican cómo se asegurará que las cumplan, qué métodos legales se usarán para prevenir daños, o qué consecuencias tendrá el incumplimiento de estas obligaciones.

Es decir que todo queda en manos de las empresas, desde el monitoreo de operaciones y el informe de los eventuales daños al medio ambiente y los impactos en la salud de la población, hasta medidas de protección.

"En ningún momento se indica cuáles serán las medidas en caso de incumplimiento, penalidades, proscripciones, publicación de estos daños, o compensación a poblaciones afectadas", puntualizó Ochandio.


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