Néstor Jiménez
Foto: José Antonio López
La Jornada Maya
Ciudad de México
Martes 8 de enero, 2019
El gobierno federal analiza 368 casos de personas detenidas en el país que denunciaron ser presos políticos, para determinar su posible liberación mediante la mesa especial para dichos casos dentro de la unidad de justicia creada al interior de la Secretaría de Gobernación.
Este martes, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el objetivo es “que no haya presos políticos, que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política, que no se utilice ninguna institución del Estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta, que no se fabriquen delitos a opositores y adversarios como sucedía, no estoy inventando nada. Queremos que la cuarta transformación signifique también justicia”.
Indicó que su gobierno buscará la reparación de daños y que se revisen los procesos de quienes se mantienen detenidos desde hace varios años sin tener una sentencia.
El mandatario nacional estuvo acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, Cordero, quien detalló que como resultado de la mesa de análisis de dichos casos que sostiene esta dependencia, 16 personas fueron liberadas en diciembre, “algunos de ellos” vinculados con protestas contra la reforma educativa.
En total, dijo, analizan 368 casos similares, entre los que “hay ambientalistas en la zona norte de Puebla detenidos por pronunciarse en contra del fracking”. Explicó que para su liberación debe desistirse la Comisión Federal de Electricidad de las denuncias para concluir el proceso penal.
También hay personas indígenas que fueron detenidas con una mochila de amapola o mariguana, “que no tuvieron la oportunidad de defenderse”.
La funcionaria federal sostuvo que, por instrucciones del presidente de la República, la dependencia federal no permitirá que la protesta sea criminalizada.
Sobre las mujeres detenidas por haber interrumpido su embarazo en las entidades donde está penalizado el aborto, dijo que buscarán apoyarlas con amparos para poder revisar sus casos en la justicia federal.
Omitió dar a conocer los nombres por privacidad de los presuntos afectados.
Al ser cuestionada si analizan los casos de los ex gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Guillermo Padrés y Eugenio Hernández, quienes se dijeron ser presos políticos, precisó que “estamos revisando estos casos pero también quiero ser muy puntual, muchas de estas personas tiene procesos locales, no son procesos federales, nosotros estamos revisando los procesos federales porque es nuestra competencia”.
Sin embargo, precisó que podrían, mediante amparos, hacer una revisión de algunos de estos casos vinculados con procesos federales.
En seguida, el presidente López Obrador agregó que “los más famosos y conocidos casos se están tratando, han acudido a nosotros y los estamos atendiendo”.
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