La Jornada Maya
Foto: Víctor Camacho
Ciudad de México
Domingo 26 de noviembre, 2017
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) urgió a las autoridades a realizar las acciones que atiendan esta problemática de manera estructural y que como sociedad “nos sumemos a la exigencia de que las mujeres vivamos libres, seguras y una vida libre de violencia”.
En un comunicado, dijo que de enero a junio de 2017 registró 914 asesinatos de mujeres en 17 estados del país: Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa, Campeche, Hidalgo, Chiapas, Quintana Roo y Colima.
Añadió que 49 por ciento de los casos es investigado como feminicidio, y destacó que no cuentan con información de estados con un alto índice de violencia feminicida como Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Michoacán.
Expuso que las autoridades siguen siendo “omisas, indolentes e ineficaces al no implementar los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre que las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos; en todos los casos es necesario recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si ésta vivía en un contexto de violencia, y que la inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la revictimización y discriminación, por lo que los responsables deben ser sancionados.
“La falta de voluntad y capacitación para investigarlos y tipificarlos como feminicidio permite que la mayoría de los asesinatos de mujeres sean investigados como homicidios dolosos o suicidios, lo que además de violentar los derechos de la víctima y de sus familiares, impide el conocimiento de la verdad y el acceso a la justicia”.
El odio y la saña, a través de métodos que implican el uso excesivo de la fuerza física, como asfixia, golpes, o que fueron degolladas o apuñaladas, evidencian el incremento de los feminicidios en México y la diversidad de actores de quienes cometen dicho delito, el cual puede estar vinculado a otros como la trata o el crimen organizado.
A pesar de la existencia de la tipificación del delito y protocolos para su investigación ministerial, pericial y policial, el OCNF expuso que existe un desconocimiento y falta de voluntad política para aplicar la debida diligencia, perspectiva de género y, más aún, para sancionar a los responsables.
Veracruz, Ciudad de México, Sinaloa, Chiapas, Morelos, Oaxaca, Nuevo León, Estado de México, Guerrero, Tlaxcala y Puebla son estados de particular preocupación por el incremento y desinterés de las autoridades para combatir de manera estructural los feminicidios, agregó.
A ello se suma el incremento y prevalencia de la violencia sexual contra las mujeres. De acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de enero de 2016 a octubre de 2017 se registraron 23 mil 869 casos de violación a nivel nacional,
Por otra parte, según información proporcionada por las procuradurías estatales informan que en los primeros seis meses de 2017 desaparecieron 3 mil 174 mujeres, de las cuales se han localizado con vida 49 por ciento, mientras que 50 por ciento siguen desaparecidas.
En 2017 ha sido necesaria la solicitud de alertas de género para estados como Puebla y la Ciudad de México, así como la exigencia de la implementación de las recomendaciones de los Grupos de Trabajo de las alertas que han sido emitidas en estados como Veracruz y Estado de México.
Agregó que pese a su falta de implementación cabal, las alertas de género siguen siendo la herramienta de atención urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno tendrían que implementar para prevenir, atender y sancionar la violencia feminicida, por lo que las modificaciones al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) tendrán que garantizar la protección de los derechos de las mujeres en el sentido más amplio y bajo los estándares más altos en la materia a nivel nacional e internacional.
En el marco del 25 de noviembre “Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las mujeres”, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) exigió mecanismos de sanción a los servidores públicos que impidan una adecuada atención a las víctimas y que permitan la construcción de una ruta de impunidad que impida la sanción a los responsables.
De igual manera, la debida diligencia y la construcción -y cabal aplicación- de protocolos para investigar con perspectiva de género los asesinatos contra las mujeres.
Señaló que los integrantes acordaron que cada tema se resolverá con la participación del Pleno
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