Juan Carlos Miranda
Foto: José Antonio López
La Jornada Maya

Ciudad de México
Martes 11 de julio, 2017

Petróleos Mexicanos (Pemex) terminó un contrato de mil 800 millones de pesos con la brasileña Odebrecht, empresa que está siendo investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por haber operado un esquema de funcionarios públicos de diversos países del mundo incluido México, reportó la agencia Boomberg.

De acuerdo con la firma, el contrato -signado en noviembre de 2015- fue para proveer servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción de obras relacionadas con la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo, según un documento presentado a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) este martes, y al que tuvo acceso la firma.

Detalla que la terminación del 16 de junio fue consecuencia de la incapacidad de la filial mexicana de la empresa brasileña, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México (ODM), "de cumplir con sus obligaciones", según el documento.

Detalla que la terminación del contrato por parte de Pemex ocurre luego de que comenzaran los procedimientos de sanciones por parte de la Secretaría de Función Pública de México contra dos filiales de Odebrecht y sus representantes, de acuerdo con la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

En diciembre del año pasado Odebrecht y Braskem se declararon culpables de conspirar para pagar sobornos en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, de Estados Unidos.

Según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó alrededor de 10.5 millones de dólares a funcionarios públicos de México entre 2010 y 2014 para adjudicarse contratos y que se realizaron pagos de hasta 6 millones de dólares a un alto funcionario de una empresa estatal de México.

En febrero Pemex informó que había presentado una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de quienes resultaran responsables por posibles actos delictivos ocasionados en su contra en el caso Odebrecht, y que su Unidad de Responsabilidades, dependiente de la Secretaría de la Función Pública había iniciado una investigación para determinar si el soborno fue realizado a funcionarios de la empresa.

El pasado 5 de abril Pemex hizo públicos los cuatro contratos que firmó con Odebrecht.

El primero, firmado el 19 de febrero de 2010 para el suministro de etano celebrado entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Braskem.

El segundo, firmado el 15 de febrero de 2014, fue para el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

El tercero, fechado el 6 de noviembre de 2014 fue para el desarrollo de la fase 1 del proyecto conversión de residuales de la refinería de Salamanca, y el cuarto, con fecha 12 de noviembre de 2015 fue para la construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la refinería Miguel Hidalgo, Tula II.

La semana pasada el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, confirmó que Pemex había contratado a un despacho para llevar a cabo una investigación interna de los contratos de Pemex con Odebrecht y Braskem, y este lunes la petrolera mexicana dijo a Bloomberg en un comunicado por correo electrónico que se trata de la firma Hogan Lovells, la misma representación legal utilizada por la eléctrica brasileña Eletrobras para auditar sus contratos con Odebrecht y su filial Braskem.

Este martes, antes de darse a conocer la cancelación del contrato por parte de Pemex, el senador Mario Delgado presentó una solicitud a Petróleos Mexicanos para que cancele de inmediato todos los contratos que mantiene con Odebrecht, mismos que, dijo, podrían implicar un monto por 50 mil millones de pesos.

“Es inadmisible que ante el grotesco esquema de corrupción operado por esas empresas en Petróleos Mexicanos no haya una respuesta contundente”, dijo el funcionario, luego de entregar en la empresa una carta con la solicitud de cancelación dirigida a los consejeros de Pemex, su director general, José Antonio González Anaya, y el contralor interno de Pemex.

Delgado argumentó que en los propios contratos existen cláusulas que permiten rescindirlos en caso de que se detecten actos de corrupción.


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