La Jornada Maya
Foto tomada de la web

San Francisco de Campeche
Martes 20 de junio, 2017

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una solicitud de medidas cautelares para proteger la vida e integridad y garantizar derechos humanos de las más de cien familias desplazadas de Laguna Larga y asentadas en la franja fronteriza con México, cerca del ejido El Desengaño, en el municipio de Candelaria, Campeche.

En estos momentos la Organización de Estados Americanos, al cual pertenece la CIDH, sesiona en Cancún, Quintana Roo, lo cual cobra relevancia ante las amenazas de desalojo que enfrentan otras comunidades del Petén y la alarma ante la forma como se vulneraron los derechos humanos en el desalojo de Laguna Larga.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió ya medidas cautelares dirigidas al Gobierno de México, al de Campeche y al municipio de Candelaria para brindar de inmediato apoyo humanitario a las personas desplazadas en materia de alimentación, salud y de seguridad, entre otras.

Organizaciones de la sociedad civil que realizaron una visita a las personas desplazadas el pasado 7 de junio y constataron las condiciones que ponen en riesgo la salud e integridad de alrededor de 450 personas, en su mayoría niñas y niños, dirigieron a la CIDH la petición de medidas cautelares, ante el riesgo de que resulte una mayor vulneración de derechos y riesgos para la vida y al salud de las familias que fueron desplazadas de la comunidad de Laguna Larga, Petén, el pasado 2 de junio.

Las organizaciones que realizaron la visita el pasado 7 de junio, La 72 Hogar Refugio para personas migrantes, Voces Mesoamericanas, Resistencia Civil de Candelaria, Campeche y el Equipo Indignación, constatamos que el desalojo perpetrado por agentes del Estado de Guatemala, entre ellos policías y Ejército, se dio sin cumplir con los principios y directrices establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos agotar las instancias de diálogo y sin contar con una alternativa acordada entre las partes.

Adicionalmente las personas de la comunidad de Laguna Larga viven ahí desde hace más de quince años, cuentan con documentación y con reconocimiento de distintas instancias del gobierno de Guatemala. En la visita también pudimos observar la saña en la destrucción de las viviendas, destrozadas e incendiadas.

Las condiciones de emergencia en la que se encuentran los desplazados, con riesgos para la seguridad, para la salud y para la vida son de extremana urgencia. La solicitud enviada ya se encuentra registrada en la página de la CIDH.

Las peticiones son las siguientes:

1.- Garantizar que se proteja el derecho a la vida, integridad física y personal de las y los integrantes de la comunidad de Laguna Larga, San Andrés y adoptar las medidas necesarias para brindar asistencia humanitaria, incluyendo alimentación, techo en condiciones dignas y atención médica, a los miembros de la comunidad Laguna Larga, Petén, que se encuentran desplazadas en la línea fronteriza perteneciente al Ejido de El Desengaño, municipio de Candelaria, Campeche, México; y concertar las medidas con los habitantes de la comunidad y sus representantes.

2.- Garantizar a las y los integrantes de la comunidad de San Andrés su permanencia en la región del Ejido el Desengaño, en el municipio de Candelaria, Campeche, en condiciones que garanticen su vida, integridad y vida digna, así como el libre tránsito de sus integrantes en la región, sin amenazas por parte de ninguna autoridad guatemalteca o mexicana, hasta en tanto se resuelva la situación de desplazamiento forzado de la que han sido objeto.

3.- Garantizar el retorno inmediato de la comunidad de Laguna Larga, municipio de San Andrés, Petén, Guatemala al territorio que ocupaban con anterioridad al desalojo, generando las condiciones para una vivienda digna en respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como del marco jurídico nacional e internacional aplicable a los pueblos indígenas en Guatemala.

4.- Garantizar que las y los integrantes de la comunidad Laguna Larga accedan a la justicia, incluyendo la investigación de los hechos, la sanción de los responsables, así como a la reparación, indemnización, restitución y no repetición por las pérdidas sufridas y el daño que se les ha ocasionado.

5.- Establecer las medidas y protocolos necesarios, de tal manera que no se realice ningún desalojo forzado a comunidades, estableciéndose las mesas de diálogo necesarias para llegar a acuerdos que permitan a las comunidades hacer efectivos sus derechos territoriales.


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