La Jornada Maya
Foto: Arturo Campos Cedillo
Ciudad de México
Viernes 5 de junio, 2020
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó este jueves la muerte del Alejandro Giovanni López Ramírez, un joven de 30 años de edad que, de acuerdo con información oficial, habría ocurrido el 5 de mayo de 2020 en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, estado de Jalisco, cuando se encontraba bajo custodia de elementos de la policía municipal de dicha localidad.
"Es motivo de preocupación para la delegación de la ONU-DH que la detención del Sr. López Ramírez ocurrió en el contexto de la implementación de medidas de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y el uso obligatorio de cubrebocas en el estado de Jalisco."
En un comunicado, el organismo urgió a las autoridades a realizar una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente sobre el deceso, en la que se incluyan todas las líneas, las circunstancias en que ocurrió y las violaciones de garantías fundamentales que se hubieran cometido, especialmente las relativas al derecho a la vida y al respeto a los principios de uso de la fuerza.
En el texto, el organismo recordó a las autoridades del estado de Jalisco que, de acuerdo con el 'Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias' –conocido como 'Protocolo de Minnesota'–, las muertes ocurridas cuando una persona se encuentra bajo la custodia del Estado –como fue el caso del Giovanni López Ramírez– se presumen como potencialmente ilícitas y existe una presunción general de la responsabilidad del Estado, salvo que se demuestre lo contrario.
Expresó el organismo que deberá determinarse si hay alguna medida que no se adoptó para prevenir la muerte, investigar a todos los funcionarios e instituciones responsables de la custodia del López Ramírez desde su detención y hasta su fallecimiento y considerar las políticas internas, cultura institucional y fallas sistémicas que contribuyeron a que una detención tuviera un desenlace letal.
Para la representación mexicana de Derechos Humanos resultan "preocupantes" las aseveraciones de funcionarios estatales indicando que ya existían investigaciones penales contra elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos por abusos de autoridad previos a la pandemia. "Este hecho resalta la importancia de tomar medidas oportunas para erradicar prácticas abusivas en las corporaciones policiales y atender la falta de una cultura de respeto por los derechos humanos", se lee en el comunicado.
“En línea con la postura de las autoridades federales que de manera constante y desde sus más altos niveles han reiterado que las medidas de emergencia deben basarse fundamentalmente en la participación y la solidaridad ciudadana y no en el uso de la fuerza, aliento a las autoridades del estado de Jalisco a enviar un mensaje claro e inequívoco de que no se tolerarán violaciones a derechos humanos en la implementación de las medidas de emergencia durante la pandemia COVID-19”, expresó el Sr. Jesús Peña, Representante Adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“La más clara muestra de que las violaciones de derechos humanos no serán toleradas es que la muerte en custodia del Sr. López Ramírez no quede en la impunidad”, sentenció el Representante Adjunto.
La ONU-DH informó que compartido con algunas autoridades federales y estatales, incluido el gobierno de Jalisco, un conjunto de [a=http://hchr.org.mx/images/doc_pub/20200428_Gua-mnima-para-atender-la-pandemia-por-COVID_ONUDH-Mex.pdf]'Directrices de derechos humanos para medidas de emergencia durante la pandemia COVID-19 en México'[/a], resaltando la importancia de los principios de necesidad y proporcionalidad de las medidas de emergencia, así como de la gradualidad en la imposición de las sanciones.
Finalmente, la ONU-DH expresa sus condolencias y solidaridad con la familia y amistades del Giovanni López Ramírez y pide a las autoridades que se garantice su seguridad e integridad, así como la de cualquier persona que apoye públicamente las exigencias de verdad y justicia para el caso.
Edición: Mirna Abreu
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