Abraham Bote
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 19 de mayo, 2020

La nueva política del gobierno federal en materia de energía, representa un estancamiento y limita el uso de las energías renovables y limpias en el país, además que pone en peligro los compromisos que estableció México en materia ambiental y cambio climático.

Además, significa un retroceso en los derechos humanos de las personas por la insistencia en emplear energías contaminantes, que afectan severamente la salud de las personas; opinaron expertos ambientalistas de diversas agrupaciones e instituciones.

También, indicaron que algunos proyectos se aplican como megaproyectos que impactan negativamente a las comunidades indígenas, como es el caso de Yucatán, los cuales ocasionan despojos o especulación de sus tierras, deforestación, entre otras cosas, por lo que se debe garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones, además que los proyectos de estas energías deben ir armonizados.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dio a conocer el pasado 29 de abril un "Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional", en el que, con base en la disminución del consumo de electricidad debido a la pandemia y debido a los límites de operación de la red eléctrica nacional –la cual ha experimentado diversos fallos atribuibles a sobrecargas y oscilaciones electromecánicas–, quedan suspendidas las pruebas preoperativas de las centrales eólicas y fotovoltáicas en proceso de operación comercial y se suspende la autorización para el inicio de pruebas a las centrales que no las hayan iniciado.

Tal acuerdo, adoptado por instrucciones de SENER, pasó inadvertido hasta que la semana pasada fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. De inmediato se desataron críticas procedentes del sector privado y de los representantes diplomáticos de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos.

Al respecto, en videoconferencia conjunta, realizada este martes, con Jorge Villarreal de la Iniciativa Climática de México(ICM), Stephan Brodziak de El Poder del Consumidor, Anaid Velasco del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Pablo Ramírez, Especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, se advirtió que esto implica graves riesgos ambientales.

Villarreal recordó que México asumió el compromiso internacional, que luego convirtió en ley, de generar 35 por ciento de su electricidad a partir de fuentes renovables para el 2024. Sin embargo con la política recién publicada y el acuerdo que se emitió el 29 de abril en la misma línea, esta meta se ve imposible de alcanzar, porque se privilegian energías fósiles para producir electricidad y se le cierra el paso a las renovables, con el pretexto de que son inestables.

“La política climática del actual gobierno tiene implicaciones severas en varios aspectos. En el medio ambiente, podemos augurar que no vamos a cumplir las metas climáticas de llegar a cero emisiones en 2050”; subrayó.

Para el experto, esto también ocasionaría implicaciones económicas ya que generar electricidad con combustóleo es más caro que con energía eólica o fotovoltaica.

“El aumento de los costos tendrá como consecuencia previsible un incremento en las tarifas de electricidad o de los impuestos, sin descartar recortes en áreas prioritarias como salud y educación”, expuso.

Stephan Brodziak indicó que seguir apostando por plantas termoeléctricas, que generan combustóleo, ocasionará Impactos adversos sobre todo ahora que atravesamos momentos de crisis sanitarias y de cambio climático.

“El combustóleo es el que se utiliza para echar andar las termoeléctricas, sin embargo tiene un gran contenido de azufre; es el desperdicio que quedan de las plantas y que es posible quemarlo y generar energía eléctrica, lo que provoca al momento de hacer bióxido de azufre, material particulado, carbono negro... contaminantes que tienen diferentes efectos sobre la salud y medio ambiente”, expuso.

Por su parte, Pablo Ramírez señaló que es preocupante no solo el estancamiento de las energías renovables, sino el retroceso en cuanto al uso de combustibles descontinuados y prohibidos en el mundo como el combustóleo; “estas decisiones tendrán implicaciones muy graves en términos de salud, ambientales y económicos, debido a la ineficiencia y alto costo en los procesos de generación. No podemos seguir quemando combustóleo para generar electricidad y cerrando la puerta a alternativas renovables que deben enmarcarse dentro del respeto a los derechos humanos”, advirtió.

Anaid Velasco coincidió en que este acuerdo limita la entrada de energías renovables, pero además pone en riesgo los compromisos internacionales que tiene México en esta manera, los cuales de por si ya van muy bajos en su cumplimiento.

Explicó que el país tiene obligaciones en materia de cambio climático, se ha comprometido a generar energías limpias del 35 por ciento al 2024, no obstante “vamos bastante rezagados, pues en el primer semestre 2018, SENER solo se había generado 24.2 por ciento a través de fuentes limpias”.

También indicó que estas políticas anunciadas por el gobierno transgreden importantes derechos humanos, entre ellos los derechos al medio ambiente sano y a la salud, pues al favorecer el uso de fuentes fósiles incrementa el deterioro ambiental que pone en riesgo la vida de las personas.

Sobre los proyectos de energías renovables que afectan a las comunidades indígenas, Villarreal indicó que antes de aplicarse, “deben realizarse con pleno respeto al marco de los derechos humanos, incluidos los derechos de las comunidades, ya que si se llevan a cabo de la mejor manera nos dan la mejor oportunidad para garantizar un desarrollo sostenible porque permiten abastecer nuestras necesidades energéticas sin contaminar, atender la pobreza energética presente en un tercio de todos los hogares del país, y reducir emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con nuestros compromisos internacionales en la materia”.


Edición: Gina Fierro


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