Reportan primera muerte por COVID-19 en cárceles de Jalisco

Juan Carlos G. Partida
Foto: Arturo Campos Cedillo
La Jornada Maya

Guadalajara, Jalisco
Lunes 11 de mayo, 2020

A los 45 años y sin presentar enfermedad previa, murió oficialmente por contagio de COVID-19 Moisés Escamilla May, alias [i]El Gordo May[/i], líder de una célula de [i]Los Zetas[/i] y quien permanecía preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Puente Grande desde hace once años y medio, acusado de la decapitación de doce personas en Cancún.

“Comenzó con síntomas respiratorios el 6 de mayo, siendo ingresado el día 7 en el Servicio Médico del Cefereso de Jalisco, donde falleció el 8 de mayo. Como interno de este Centro, corresponde a El Salto el municipio de residencia (para su acta de defunción)”, dice un comunicado del gobierno estatal, confirmando la primera muerte de un interno en el complejo carcelario ubicado al oriente del área metropolitana de Guadalajara.

El hombre cumplía una sentencia de 37 años y 8 meses de prisión después que le fue demostrada responsabilidad también en delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Su reclusión inició a finales de 2008, siempre en Puente Grande a donde fue trasladado.

Las decapitaciones que se le atribuyen a él y a su grupo criminal ocurrieron en la península de Yucatán ese año, en agosto, pero toda la célula incluyendo a [i]El Gordo May[/i] fue capturado y enviado a Puente Grande.

Desde el viernes comenzaron a filtrarse rumores de la muerte del [i]Gordo May[/i], pero fue hasta cerca de la medianoche del sábado cuando las autoridades oficializaron el fallecimiento en el boletín que envían todos los días para actualizar la cifra de casos nuevos y muertes por COVID-19 en el estado.

[b]Casi el doble que en Colima[/b]

En Puente Grande el gobierno estatal tiene tres centros de reclusión, junto al Cefereso, un complejo penitenciario en los que reporta hasta el momento el contagio de 74 personas.

La población de internos en Puente Grande, según informó José Antonio Pérez Juárez director de Reinserción Social del Estado de Jalisco a finales de marzo cuando anunció que serían suspendidas las visitas, ronda los 13 mil 500 internos, la gran mayoría hacinados luego que las prisiones tienen una sobrepoblación que duplica su capacidad.

Hasta ahora en el complejo carcelario se han presentado 74 casos de contagio (casi el doble de los 38 reportados en todo el estado de Colima, por ejemplo) y tiene una elevadísima tasa de 548 casos por 100 mil habitantes contra los 26 casos por 100 mil habitantes que tiene como índice todo el país.

En Jalisco, Puente Grande representa el 12.5 por ciento de la totalidad de casos y su número de infectados suman un poco menos de la mitad de los 165 contagios que hay en Guadalajara, la ciudad con más casos se reporta en el estado.

Con esas cifras Puente Grande concentra además dos terceras partes de los contagiados de COVID-19 en los sistemas penitenciarios del país, según información del Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19 en los Centros Penitenciarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El 8 de mayo fue el día más reciente que el mecanismo reportó su monitoreo: 93 casos positivos en los centros penitenciarios del país, 70 de ellos en Jalisco. Y ese día fue la muerte del [i]Gordo May[/i], la primera en el estado y la séptima en las cárceles del país por COVID-19.

El gobierno estatal ha insistido que se han descubierto estos casos debido a “la búsqueda intencionada a través de muestreo con pruebas PCR”, pero reconociendo que se trata de un muestreo aleatorio que da prioridad a grupos de riesgo y no para la totalidad de la población interna, a pesar de denuncias de internos a través de sus abogados ([i]La Jornada[/i], 3 de mayo) respecto a que son muchos más quienes padecen el contagio y los exámenes deberían multiplicarse para conocer la situación real.

Edición: Ana Ordaz