Presentan en Yucatán nueva ley contra violencia política hacia mujeres

La Jornada Maya
Foto: Cortesía

Mérida, Yucatán
Jueves 7 de mayo, 2020

Las fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de decreto por el que se adicionan y reforman disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Yucatán.

Durante su intervención, la legisladora Milagros Romero Bastarrachea expuso los motivos de la iniciativa, y aseveró que un gran número de mujeres han sufrido violencia política que minimiza su trabajo en comparación con los hombres.

Argumentó que en Yucatán y en general en todo el país, las mujeres están excluidas en todos los espacios de poder y toma de decisiones, a esta supresión se suma la violencia política que enfrentan muchas mujeres que deciden ejercer su derecho a competir por un cargo de elección popular, expresada a través de conductas y actitudes misóginas como las amenazas, intimidación, burlas, agresiones, descalificación, falta de apoyos y simulación en el cumplimiento, primero de las cuotas, y posteriormente de la paridad e igualdad.

“Esta propuesta busca cambiar inercias machistas en la vida pública”, puntualizó.

Explicó que la violencia política contra las mujeres en razón de género es un fenómeno que desincentiva la participación, ingreso y permanencia de las mujeres en la arena político-electoral.

“Esta violencia se ha manifestado en renuncias manipuladas o forzadas de mujeres que aspiran a una candidatura, o que, habiendo sido electas, no se les permite ejercer el cargo; pero también en presión, bloqueo u obstaculización en el desempeño de las tareas inherentes a su cargo; difamación o calumnias en medios de comunicación; o hasta agresiones físicas”, detalló.

En ese sentido expresó que las reformas en materia de paridad y de violencia política contra las mujeres son fundamentales para que las mexicanas y por ende las yucatecas, puedan ejercer sus derechos políticos electorales en condiciones de paridad y libres de violencia.

De acuerdo con datos de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE), entre 2013 y 2016 se registraron 416 expedientes por violencia política de género, a la par que, entre enero y junio de 2017, se contabilizaron 87 víctimas más.

Yucatán no es la excepción, pero el miedo y la falta de cultura para denunciar evitan que exista estadísticas y datos concretos, pero es de conocimiento popular que a diario se presenta más de un caso de violencia política en el Estado.

Es por ello buscan la homologación estatal con las aprobadas a nivel federal y el cual fue publicado el 20 de abril pasado.

Esta iniciativa incluye un lenguaje inclusivo y mayor certeza jurídica en los procesos de selección a candidaturas de cualquier ciudadano, respetando el principio de igualdad en materia de género, así como protección de los derechos político–electorales de las mujeres.

Estas reformas se hacen dentro del marco jurídico de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Partidos Políticos, Código Penal, Ley de Responsabilidades Administrativas y Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral todas del Estado de Yucatán.

Asimismo durante su intervención, Romero Bastarrachea informó que la Secretaría de Gobernación hizo llamado al Congreso Local para que legislen con perspectiva de género, y que todo tema legislativo relacionado con la mujer y una vida libre de violencia se turne a la Comisión Permanente de Igualdad de Género y no a la de Justicia y Seguridad Pública, como se hacía antes.

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[b]Congreso no representa a la población[/b]

En otro sentido, la diputada Silvia América López Escoffié aseveró que sus compañeros y compañeras de otras bancadas políticas están proponiendo temas que no son urgentes para la población hoy en día, más durante la pandemia.

“Hay problemas afuera del Congreso de Yucatán que están siendo ignorados, vemos que se están violentando derechos humanos o que hay personas con necesidades prioritarias, sin embargo, esos temas no son abordados en las sesiones”, lamentó.

Ejemplificó que este miércoles se discutió una propuesta para disponer de un desfibrilador en lugares que reúnan a más de 500 personas, pero se trata de una iniciativa no se puede aplicar, ya que durante la pandemia no se permiten las aglomeraciones públicas.

“Hoy voté en contra del dictamen que expide la Ley de Edificios y Espacios Cardioprotegidos del Estado como una señal de protesta, ante la lentitud y apatía de mis compañeros para que legislemos temas verdaderamente apremiantes”, finalizó.

Edición: Emilio Gómez