Carlos García
Foto: 'La Jornada' / Pablo Ramos
La Jornada Maya
Irrapuato, Guanajuato
Sábado 4 de abril, 2020
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INGI) esta exigiendo a los verificadores del estado de Guanajuato que firmen su renuncia, porque fue suspendido el Censo de Población y Vivienda por la contingencia sanitaria generada por el Coronavirus (COVID-19).
El lunes 30 de marzo, el personal de confianza del Inegi comenzó a recoger mochilas, uniformes, dispositivos electrónicos, credenciales, cuestionarios y etiquetas a los verificadores, argumentando que “era por su seguridad”.
Toda la semana, los verificadores acudieron a las oficinas del Inegi, pero el viernes les pidieron que firmaran la renuncia, a pesar de que los contratos finalizan el 17 de abril.
La coordinadora de Verificación de Zona del Inegi- que comprende los municipios de Pénjamo, Irapuato, Romita, Manuel Doblado, Cuerámaro y Silao-, Lulú Cano Tafolla, exigió a los verificadores que firmaran la renuncia.
A través del oficio 1318,5/655/2020, con fecha del tres de abril, el coordinador estatal del Inegi, Jorge Humberto Dueñas Acuña, informó a los verificadores de la conclusión de sus trabajos, a pesar que en el mismo documento refiere que fueron designados en el cargo del 21 de marzo al 17 de abril.
El oficio tiene un machote sobre la contingencia sanitaria por el COVID-19 y argumenta que de acuerdo al artículo 46, fracción II de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que “el nombramiento de los trabajadores deja de surtir efectos, sin responsabilidad para los titulares de los órganos por la causa consistente en la conclusión de la obra determinante de la designación”.
El funcionario federal señala que el tres de abril de 2020 “se da por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para este Instituto”, por lo tanto “se le solicita la entrega de todo el material que haya recibido para el desempeño de sus labores”.
Se giro copia del oficio al coordinador General de Operación Regional, Oscar Gasca Brito; a la directora Regional Centro Norte, Ana María Ruiz Esparza y al subdirector estatal de Administración, José de Jesús Muñoz Gutiérrez.
A los verificadores se les pidió que firmaran la renuncia con el título de “Acta de Entrega”, donde señala que entregarán materiales, que está terminada la relación laboral y que “así mismo declaro que el INEGI no me adeuda a la fecha ninguna cantidad o prestación, siendo todo lo que tengo que declarar”.
Ante unos 20 verificadores la funcionaria Lulú Cano Tafolla, “nos exigió que firmáramos la renuncia y que lo que se debe sería pagado en la próxima quincena, no quisimos firmar porque señalan que no se nos debe nada”, comentó la verificadora, Stephanie Cecilia López.
Agregó que el Inegi adeuda hasta mil 600 pesos de gastos de campo y entre dos mil y cuatro mil pesos de salario por verificador.
“No vamos a firmar, queremos que se nos cumpla la vigencia del contrato. Sino nos pagan acudiremos a los tribunales labores”, señaló al momento de pedir la intervención del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
El presidente y su gabinete han manifestado que por la contingencia no se deben reducir salarios, ni realizar despidos, “lo único que pedimos es que respeten la vigencia del contrato”, concluyó.
Edición: Emilio Gómez
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