Península de Yucatán, sensible a la contaminación y extracción del agua

Rosario Ruiz y Abraham Bote
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán/Playa del Carmen, Quintana Roo
Martes 4 de febrero, 2020

Organizaciones civiles, académicos, ambientalistas y comunidades mayas de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, entregaron al Congreso de la Unión una serie de exigencias para la elaboración de la nueva Ley General de Aguas que reconozca a la península de Yucatán como territorio de reserva especialmente sensible a la contaminación y extracción del agua y solicitaron participar en el Grupo Técnico-Jurídico que redactará la propuesta de esta ley.

Algunas de estas peticiones son restaurar cuencas, cenotes, ojos y flujos de agua subterráneos y regular urgentemente la entrega indiscriminada de concesiones de agua a las grandes empresas y en general a los proyectos altamente extractivos y contaminantes.

Los resultados y observaciones de tres foros ciudadanos realizados en el sur del país fueron entregados a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En el documento advierten que la península de Yucatán enfrenta un gran desafío a nivel nacional, la política de desarrollo e inversión económica en los últimos 10 años ha impuesto un estrés ambiental y de deterioro social en la Región. Se percibe en los tres estados una problemática generalizada con particularidades en cada uno.

El problema base es la corrupción en los procesos de cambio de uso de suelos hechos a modo para dar pauta a proyectos industriales o masivos turísticos en zonas vulnerables a la contaminación o donde no existe infraestructura básica de servicios.

De manera general, detalla que la problemática principal en Campeche son grandes extensiones de siembra de transgénicos y uso de agroquímicos contaminantes al acuífero. En Yucatán se están enfrentando situaciones de autorizaciones a grandes corporaciones de granjas porcícolas, que están asentadas en zonas de alta conectividad hídrica y cerca de áreas naturales protegidas, concesiones de extracción de agua a cerveceras o refresqueras.

En Quintana Roo y en la costa norte de Yucatán está la presión y avance desmesurado de construcciones de más cuartos de hotel y desarrollos urbanos, a costa de destrucción de la duna, y de rellenos de humedales, sin embargo, las autoridades ambientales no tienen la capacidad de responder de manera oportuna a las denuncias y los procesos de autorización no tienen manera de verificar la veracidad de lo que dicen las Manifestaciones de Impacto Ambiental.

A su vez, agregaron, prevalece la lucha por combatir la privatización del agua por grandes intereses económicos a través de las corporaciones y grandes industrias coludidas con los gobiernos.

“Hacemos énfasis en que esta nueva ley debe como máxima dejar de privilegiar a los grandes intereses económicos y favorecer a las personas y comunidades indígenas, para ello es indispensable que la ley esté fundamentada en la máxima del sentido de equidad y justicia, hacia un verdadero desarrollo justo y sostenible, sólo así con base en la justicia social, se podrá lograr un desarrollo sostenible y devolver la paz y el sentido de una vida digna para todos”.

Lo que quieren para la península de Yucatán es reconocer los derechos al agua de los pueblos originarios, núcleos agrarios y sistemas comunitarios; lograr sistemas municipales y metropolitanos eficaces y sostenibles; terminar la contaminación, evitando la inyección de aguas tratadas (desalinizadoras, aguas residuales, industriales y porcícolas) en la península a través de un programa de transición a cinco años; financiamiento y fomento a la investigación científica y social; recopilación y análisis de información y construcción de capacidades en el sistema kárstico para cuencas y aguas de proyectos destructivos, entre otras cosas.

[b]Regulación de actividad turística e inmobiliaria[/b]

Para Alejandro López Tamayo, director de Centinelas del Agua, en el caso de Quintana Roo es muy importante esta nueva ley porque permitirá regular la actividad turística en estos cuerpos de agua y también a la inmobiliaria, obligando a los desarrolladores a preservar los cenotes o cavernas que encuentren y para evitar sean rellenados para construir sobre ellos, una práctica hasta ahora común en las obras.

Otro punto importante es destinar recursos para la investigación y exploración del sistema kárstico que permitirá un mayor conocimiento del ecosistema.

Insistió en que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe tener mayores recursos para ejercer su función adecuadamente.

Urgió a los ciudadanos a darle seguimiento a esta propuesta de ley, presionar a los representantes federales para que impulsen que sea llevada al pleno y votada; esperan que este año ya se cuente con la nueva legislación.