Carolina Gómez Mena
Foto: Twitter @TrenMayaMX
La Jornada Maya
Ciudad de México
Viernes 17 de enero, 2020
La Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN) exigió a la Fiscalía General de la República terminar con el “trato diferenciado” para atraer crímenes de líderes sociales y alertó que “en Chiapas grupos paramilitares y de choque promovidos por el gobierno federal operan para imponer el Tren Maya”.
En conferencia de prensa, el vocero de la CNPA MN, Jesús Gutiérrez Valencia, sostuvo que el Tren Maya es “inviable”, por lo que el proyecto debe ser revertido pues este se topará con diversas luchas de resistencia legal y social.
Indico que el uso de “grupos paramilitares y de choque” para imponer ese proyecto, puede derivar en circunstancias como las sucedidas en Morelos, donde como resultado de la oposición de megaproyectos “murió el líder social Samir Flores”.
Consideró que el gobierno “busca romper el tejido social vía conflictos sociales sin importar que puedan morir líderes locales, daños ambientales o arqueológicos como sucederá en toda la ruta que contempla el Tren Maya”
Por otro lado insistido en que “a un año del ataque policiaco-paramilitar contra integrantes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, Chiapas que sostenían un plantón pacífico frente a la presidencia municipal y en las entradas a la cabecera municipal que devino en la desaparición, tortura y asesinato de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, prevalece la impunidad para los autores materiales e intelectuales” de esos hechos”.
Por ello urgió al gobierno, y en especial la Fiscalía General de la República atraiga el caso, tal y como lo ha hecho con el de la familia Lebaron.
La CNPA-MN condenó la omisión de las autoridades estatales y federales, las que fueron advertidas del conflicto social en Amatán el 17 de enero de 2019.
Denunció que “persisten amenazas de muerte a miembros del MOCRI-CNPA-MN que a su vez forman parte del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán (MPJBCA), como es el caso de Adán López Calvo y su familia y aun así se niegan las autoridades a generar medidas de protección.
Lo mismo sucede con la falta de protección Humberto Huerta Verdín y comisariados ejidales de Acaponeta, Ruiz, Rosa Morada y Santiago Ixcuintla, Nayarit.
Además pidió castigo a los autores materiales e intelectuales de la “desaparición, tortura y asesinato” de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez.
Consideró que es necesaria una reunión con el gobernador Rutilio Escandón para atender y resolver la agenda política y social así como con la secretaria de Gobernacion, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas sin dejar de lado la atracción de la investigación por parte de la FGR.
Recordó que Noé Jiménez Pablo y 30 compañeros más, estaban incorporados al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de ello, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación notificó en diciembre de 2018 al gobierno de Chiapas, y por lo tanto, ambos niveles de gobierno tenían el deber de generar condiciones de protección para preservar su integridad física y su vida, pero no lo hicieron.
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