El gobierno federal podrá invocar razones de seguridad nacional para suspender permisos otorgados a particulares para el procesamiento de gas natural, importación y manejo de petrolíferos e hidrocarburos, así como almacenamiento y comercialización de estos insumos, de acuerdo con una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, remitida este viernes por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.
“Resulta necesario que el Estado como garante de la seguridad y soberanía energética, y palanca de desarrollo nacional cuente con los mecanismos adecuados para que la Sener y la CRE, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan suspender de manera temporal los permisos expedidos en los términos establecidos en la Ley de Hidrocarburos, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”, dijo en la exposición de motivos.
La iniciativa adiciona el artículo 59 bis, el cual propone que Sener o la CRE suspendan los permisos de manejo, almacenamiento, transporte y distribución de petrolíferos e hidrocarburos.
Con el fin de no afectar a los usuarios, autoriza a la autoridad que haya emitido el permiso de administrar y operar al permisionario, lo cual incluye emplear al mismo personal o contratar a otro operador.
El permisionario tendrá derecho a que se termine la suspensión cuando demuestre que las causas de la suspensión fueron subsanadas o erradicadas, salvo cuando el origen sea un acto ilícito.
La reforma al artículo 57 propone la ocupación temporal, la intervención o la suspensión de instalaciones privadas, con el fin de “garantizar los intereses de la Nación, en el entendido de que quedarán salvaguardados los derechos de terceros.”
La modificación del artículo 51 señala que los permisos se otorgarán a Pemex, otras empresas estatales y particulares, siempre y cuando demuestren que cuentan con instalaciones y equipos adecuados, condiciones que garanticen la continuidad de la actividad y la capacidad de almacenamiento que determina la Sener.
Los permisos serán resueltos en 90 días por la CRE o la Sener, de no contar con respuesta, se entenderá como una negativa.
En su exposición de motivos el Ejecutivo recordó que se busca perseguir y sancionar a los expendedores de hidrocarburos que han incurrido en conductas de posesión, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización contrarias al derecho y con fines de lucro económico al margen de la ley.
En ese sentido, indicó que se busca combatir el robo de combustibles que causó pérdidas por 66.3 millones de pesos en 2018, así como prácticas de expendedores que utilizan software para reducir el volumen del combustible que compran los usuarios, pues además se permite que las gasolineras despachan hasta 1.4 por ciento menos por cada litro.
Agregó que por esas malas prácticas generan ganancias a las gasolineras por 33 millones 539 mil 520 pesos diarios.
El ejecutivo señaló que la reforma energética, realizada en el periodo neoliberal, causó un “grave daño causado al sector energético nacional”, pues el país dejó de contar con un monopolio estatal que refinaba, importaba, transportaba y comercializaba tanto la gasolina como el diesel, para pasar a un libre mercado.
La tarde de ayer, la presidenta de la Cámara de Diputados turno la incitativa a la Comisión de Energía para su dictamen y a la Comisión de Presupuesto para su opinión.
Ramses Pech, analista del sector energético, comentó, que la iniciativa “deja a la nación inmersa en problemas legales ante instancias internacionales ante posibles juicios, además de crear una incertidumbre mayor en el mercado de comercialización de petrolíferos”.
Agregó que se corre el riesgo de crear incertidumbre y un paro de inversiones dando a pie a no cumplir con la política de almacenamiento en corto plazo.
Edición: Laura Espejo
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