Guerrero: llamados de auxilio

La situación de inseguridad en amplias zonas del estado de Guerrero experimenta un deterioro continuo y acelerado, con muertos, desplazados y comunidades enteras que han quedado incomunicadas por la acción del crimen organizado. Hace apenas una semana, Carlos Marqués Oyorzábal, comisario del poblado de Las Conchitas, municipio de San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente, fue torturado, desmembrado y decapitado frente a su hijo de 11 años. Los familiares no pueden asistir al funeral, porque para llegar a la comunidad donde se le vela tendrían que atravesar una zona controlada por sus asesinos.

La multiplicación de atrocidades como la relatada, aunada a la presencia esporádica y testimonial de las autoridades, ha obligado a los pobladores a tomar medidas tan drásticas como la entrega de armas a niños de sólo seis años y su integración a los cuerpos de vigilancia comunitaria. Ayer, el poblado de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, en la Montaña Baja, conmemoró el 102 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata con la presentación del nuevo destacamento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), conformado por 31 niños y niñas cuyas edades van de seis a 11 años.

Un dirigente ejidal, que habló con nuestro corresponsal bajo condición de anonimato, señaló a la minería como uno de los factores de esta escalada de violencia: “vienen por los yacimientos de oro y plata, que se hallaron desde 1985 en el Cerro de la Lumbrera y en el pueblo de Agua Escondida, que están en nuestro ejido, por eso crean terror, por eso están desplazando a los pueblos”. De acuerdo con el defensor de los bosques en la región donde vivía Carlos Marqués, los habitantes, mayoritariamente indígenas, enfrentan una concatenación de ataques a su integridad y a sus formas de vida: primero debieron dejar sus cultivos para sembrar amapola, luego la caída de los precios de esta materia prima para la elaboración de estupefacientes atrajo a los talamontes y, finalmente, el deseo de explotar los yacimientos metálicos se ha convertido en el móvil de los delincuentes.

Se ha documentado la existencia de una relación compleja y en ocasiones paradójica entre la minería y los grupos que tienen como actividad primaria el narcotráfico. Por una parte, las extorsiones, los cobros de derecho de piso y los secuestros llevados a cabo por el crimen organizado obligan a las compañías mineras a destinar hasta 10 por ciento de su presupuesto a la contratación de seguridad y guardias armados. Además, deben hacer erogaciones en seguros que las cubran ante eventuales ataques criminales y gastan un monto indeterminado en los pagos exigidos a cambio de que las dejen operar, por lo cual, varias empresas han reducido su presencia en territorio nacional o han preferido no invertir en México. Sin embargo, en varias ocasiones los grupos delictivos se convierten en aliados estratégicos de las mineras, al punto de ser quienes hacen posible su incursión en zonas donde los pobladores rechazan la actividad extractiva: los sicarios aparecen para amedrentar, asesinar y poner en fuga a quienes rehúsan ceder sus tierras para la instalación de minas, así como a quienes se organizan para denunciar los daños ocasionados a la salud y al medio ambiente por el manejo negligente de las sustancias tóxicas usadas en la extracción de minerales.

La confluencia de minería, narcotráfico, tala ilegal y otras operaciones, delictivas en sí mismas o que se realizan con complicidad criminal, han mantenido a Guerrero entre las entidades más peligrosas del país durante años –aunque en 2020 se experimentó una sensible disminución en el número de asesinatos–, y ha dado pie a situaciones dramáticas en que las comunidades prácticamente desaparecen por éxodo forzado de sus habitantes. Es urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno atiendan los llamados de auxilio de los pobladores, actúen contra los grupos criminales que se han apoderado de vastas franjas del territorio guerrerense y restituyan el estado de derecho en esta entidad asfixiada por la delincuencia y la impunidad

Edición: Estefanía Cardeña