Se integran 31 niños a la policía comunitaria en Guerrero

Sergio Ocampo

Treinta y un niños de seis a 11 años se integraron ayer a la policía rural de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en Ayahualtenpa, municipio de José Joaquín de Herrera, en la Montaña Baja, para defenderse de los grupos criminales que azotan la región.

En la cancha municipal de esa localidad nahua, después de una asamblea comunitaria que aprobó la integración de los menores a la estructura de la CRAC-PF, se llevó a cabo la presentación de los nuevos agentes comunitarios.

Luego se le otorgó la palabra a un niño, que con su escopeta terciada al hombro improvisó su discurso: “A los medios, a las autoridades gubernamentales; al pueblo de México, al mundo entero. Ya llevamos 15 meses que nos presentamos en la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez. Estamos aquí para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos acusó de ser delincuentes, y le volvemos recordar que no; somos niños comunitarios y apoyamos en el resguardo de nuestra comunidad nahua. Una vez más exigimos que apoye a nueve viudas, a 14 huérfanos y a 34 indígenas desplazados de la comunidad de Acotapaxtlán, por culpa del grupo delictivo Los Ardillos. Ya basta de tanta delincuencia y discriminación a los indígenas de México”.

Tras la presentación, pobladores y niños marcharon por el pueblo y gritaron vivas al general Emiliano Zapata y a la policía comunitaria.

Mientras, más de 100 policías rurales se trasladaron a un terreno donde un comandante comunitario ordenó: “un paso hacia atrás, ya. Presentación con arma de fuego, niño comunitario”.

Acto seguido el menor también ordenó: “Firmes ya. Embrazar armas, ya”. Y comenzó su arenga: “No hay leyes que protejan a los niños huérfanos de México (…) que nos brinden seguridad, entonces vamos a responder con fuego a los sicarios".

Al terminar su intervención, aproximadamente 10 niños dispararon sus escopetas a un bordo de tierra, dando por terminada la presentación.

En entrevista, Bernardino Sánchez manifestó: “celebramos a Zapata, a las cinco de la mañana nos levantamos y los policías rodearon la comunidad y dispararon en honor a Emiliano Zapata”.

Explicó que la presentación de los niños “es para llamar la atención al gobierno, que cumpla los acuerdos que hizo con la comunidad. Se comprometió a mandar maestros, pues hasta ahorita, después de 15 meses, no ha aparecido ninguno, entonces los niños están sin escuela, sin estudio y las nueve viudas no han recibido apoyo del gobierno”.

“Además, tenemos 34 desplazados de la comunidad de Acotapaxtlán, tampoco ha habido nada para ellos, tenemos huérfanos de los compañeros caídos; se hizo un compromiso aquí en la comisaría de bienes comunales, con el DIF-Guerrero, sin embargo, no ha habido ningún resultado”, señaló. 

Oro y plata, detrás de las expulsiones en Totolapan, Guerrero

El 3 de abril, Santiago “N”, de 11 años fue testigo de cómo sujetos torturaron, cercenaron, quemaron y cortaron la cabeza a su papá, Carlos Márquez Oyorzábal, comisario del poblado Las Conchitas, municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero.

“Mi hijo vio todo allá en la comisaría (ejidal) de Ciénega de Puerto Alegre. Delante del niño hicieron cosas feísimas; él vio todo, iba con él (su papá), los agarraron a los dos”.

También lo amenazaron y le dijeron que “nos largáramos todos porque si no, nos iban a venir a matar. Eso le dijeron a él cuando lo vinieron a dejar (los pistoleros)”, explicó María Martínez, mamá de Santiago y de otros siete hijos. Junto con uno de sus hijos mayores, se armó de valor y bajaron a la Ciénega de Puerto Alegre, a casi dos horas de distancia de Las Conchitas, a buscar el cadáver de su esposo.

En la Ciénega, María Martínez halló el cuerpo y continuó la búsqueda de la cabeza. Recorrió cada rincón, dentro y fuera de la comisaría municipal, hasta que la encontró –no dijo en dónde– y la colocó en el lugar correspondiente, para que al llegar a Las Conchitas, sus hijos vieran que el cuerpo de su papá si tenía la cabeza.

“Yo exijo justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya nos hicieron muchas (cosas). A él (Carlos Márquez) lo mataron injustamente, él no debía nada. Que los agarren y los refundan y nunca salgan; con eso mi esposo no va a revivir, pero por lo menos que se haga justicia, pero de verdad, que tengamos seguridad, porque si no de nada sirve. Esa gente (los sicarios) no perdona”, le dijo a Jorge Ruiz del Ángel, director del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Escoltado por elementos de la Guardia Nacional, Ruiz del Ángel, dialogó afuera de la iglesia del pueblo con la viuda del comisario ejecutado y la invitó a acogerse a las medidas que ofrece esta institución, y para que si así lo deseaba, doña María Martínez y sus hijos, salieran por un tiempo del poblado, propuesta que fue rechazada.

“Somos del campo, ¿cómo agarro y me voy?, ¿cómo voy a dejar mis cosas? Tengo animalitos, de eso vivimos, no hay otra cosa, ¿cómo los dejo? Cuando quiera regresar ya no van a estar, hasta ellos (los sicarios) mismos se los van a comer”. María Martínez señaló que su visita fue por instrucciones del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Uno de sus hermanos dijo que en el pueblo viven unas 40 personas, “casi todos somos familia. Nos dedicamos al campo, a sembrar maíz, frijol, a cuidar a nuestros animalitos y nuestras huertitas de aguacate, con eso la vamos pasando”.

Comentó que antes iban del pueblo a Lindavista “a comprar cosas; ahorita eso es lo que estamos pensando, por dónde darle, porque ya no podemos ir ahí, pues tenemos que pasar por Ciénega de Puerto Alegre y Agua Escondida, y en esos lugares está la gente (los sicarios)”.

Explicó: “Antes sembrábamos amapola, pero está bien barata, no hay quien la compre, la quieren regalada; nosotros hemos pensado dedicarnos a otra cosa, exigirle al gobierno proyectos como es el aguacate, aunque aquí no llega el programa Sembrando Vida”.

"Queremos la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército, una base de operaciones para seguridad de toda la gente. No nomás nosotros estamos sufriendo, hay más familias, más pueblos, por eso pedimos, seguridad dentro del ejido de la Ciénega”, puntualizó.

Un defensor de los bosques en Ciénega, aseguró: “no nos hagamos, por la baja en el precio de la goma la delincuencia nos roba la madera, pero ahora vienen por el oro y la plata, que se hallaron en 1985 en el cerro de La Lumbrera y en el pueblo Agua Escondida, en nuestro ejido, por eso crean terror y nos están desplazando”.

Luego de seis días de que un grupo de la delincuencia ultimó a Márquez Oyorzábal, se presentó en el poblado el secretario de Seguridad del estado, David Portillo, quien se reunió con los pobladores, encabezados por el comisario municipal David Martínez, nombrado luego del homicidio del ecologista.

Por su parte, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía estatal, tomaron la declaración a los familiares del comisario ejidal “para integrar la carpeta de investigación correspondiente; y personal de la Marina, dio atención médica y sicológica a los menores”.

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Edición: Estefanía Cardeña